Bussi y Menéndez fueron condenados a prisión perpetua e inabilitación absoluta y perpetua; por asociación ilícita; violación de domicilios y privación ilegítima de libertad; imposición de tormentos agravados; y homicidio agravado por alevosía por el concurso premeditado por la participación de dos o más personas con el fin de actuar con impunidad.

Los magistrados Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi, en cambio decidieron diferir el pronunciamiento sobre la forma de condena de prisión impuesta a los imputados, manteniéndose hasta esa instancia la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva vigente que en el caso de Bussi es arresto domiciliario.

Esta situación causó malestar entre los manifestantes de derechos humanos que esperaban el fallo frente a la sede del Tribunal Federal Oral de Tucumán y que pretendían que se disponga el traslado de Bussi y de Menéndez al penal de Villa Urquiza para que cumplan la condena junto con presos comunes.

A raíz de los incidentes, al menos dos gendarmes sufrieron heridas y varios manifestantes las consecuencias de los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad para tratar de controlar la situación, mientras que varios comercios y viviendas vecinas resultaron dañadas.

El tribunal, además, hizo lugar a los pedidos efectuados por el fiscal Alfredo Terraf y solicitó que se abra una investigación contra los testigos Roque Ramón Cabral y Raúl Ildefonso Molina por la presunta falsificación de instrumentos públicos, y contra José Víctor Jerez y Carlos Décima, por falso testimonio.

Durante la mañana, los represores defendieron su proceder durante los años '70 y reiteraron que la Argentina "padecía una guerra", al hablar antes de escuchar la sentencia del juicio oral.

El primero en exponer fue Bussi, quien, dirigiéndose a los miembros del Tribunal aseguró: "Pese a no ser mis jueces naturales, tienen el honor de ser magistrados del lugar que fue cuna de la independencia y sepulcro de la subversión marxista-leninista".

"Junto a soldados combativos, derrotamos en la Sierra Maestra argentina la agresión que perseguía convertir al país en un satélite soviético. Me siento un perseguido político de los derrotados de ayer en un combate justo", aseveró Bussi.

Respecto de Vargas Aignasse, Bussi insistió en que nunca lo vio y volvió a aventar la tesis de que cuando el ex senador, el 5 de abril de 1976, era trasladado a su domicilio para ser puesto en libertad, fue secuestrado "por parte de aquellos a los que había delatado" en la cárcel de Villa Urquiza y agregó que "esa metodología era propia de los montoneros para los delatores".

Bussi reconoció que el 24 de marzo de 1976, día en que fue detenido Vargas Aignasse, recibió de la Junta de Comandantes "una orden de carácter inexcusable e insoslayable, pormenorizada hasta en sus menores detalles, que estaba destinada a prevenir cualquier tipo de reacción inmediata por parte de potenciales opositores, para consolidar a la junta en el ejercicio del poder político de la nación".

Seguidamente, habló Menéndez, que no se detuvo en ningún detalle de la causa y que se limitó a manifestar que, desde 1960, la Argentina "padece las consecuencias de la peor de las guerras, la silenciosa, la revolucionaria, que es global, inexorable y permanente".

"La Argentina ostenta el dudoso mérito de ser el primer país en la historia que juzga a sus soldados victoriosos, que lucharon y vencieron por orden y para sus compatriotas. Pero, como lo hizo recientemente un oficial uruguayo, con patético dolor, podemos preguntarnos: '¿para quién ganamos la batalla?", preguntó.

El fiscal Terraf había solicitado que los represores fuesen condenados a prisión perpetua por haber formado parte de una tiranía que, tras el golpe de Estado de 1976, se dedicó a aniquilar a quienes pensaban diferente.

"La Argentina padeció una tiranía, que implementó un plan organizado de terror, que tenía por objetivo eliminar al que pensaba distinto de quienes ejercían el poder. Bastaba con la simple disidencia de pensamiento, no de acción, para ser víctima del terrorismo genocida", aseveró Terraf. Al formular sus alegatos en el juicio oral por la desaparición del ex senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse, en 1976, el fiscal requirió que los militares retirados cumplan la pena en la cárcel de Villa Urquiza, para lo cual deberían ser revocadas las detenciones domiciliarias de la que gozan en la causa.

Menéndez tiene una larga vinculación con Tucumán, porque entre 1970 y 1973 ejerció importantes cargos en la V Brigada de Infantería, entonces con asiento en Tucumán, y entre 1975 y 1979 encabezó el III Cuerpo de Ejército, del que dependía la unidad local, a la que solía visitar con frecuencia durante la dictadura.

Bussi encabezó la V Brigada de Infantería entre diciembre de 1975 y 1977, período durante el que desapareció Vargas Aignasse, y a partir del golpe de Estado ejerció la intervención militar de la provincia, período durante el cual desaparecieron o fueron asesinadas centenares de personas.

A pesar del fallo, la situación judicial de Bussi y Menéndez no termina ahora, porque ambos están imputados en otras 600 causas por violaciones a los derechos humanos.