La paralización de los servicios en las reparticiones de los municipales de SUOEM y de Luz y Fuerza se espera que sea total, lo que se sumará a las medidas de acción ya programadas con otros gremios estatales, como una concentración en el centro de la ciudad y una movilización hasta los Tribunales provinciales.

Unos 300 manifestantes de ambos sindicatos protestaron hoy frente a la cárcel de la localidad de Bouwer y reclamaron la liberación de los diez detenidos a causa de los disturbios ocurridos el pasado 20 de agosto en el centro de la ciudad de Córdoba, durante una multitudinaria marcha de estatales en rechazo de la Reforma Previsional impulsada por el gobierno.

Los imputados pudieron recibir hoy a sus familiares directos, según indicó el titular del SUOEM, Rubén Daniele.

"Están bien, se sienten fuertes. Nos pidieron que no bajemos los brazos y tienen la esperanza de que serán liberados mañana", señaló el gremialista a la radio Cadena 3.

Mientras tanto, el Servicio Penitenciario afirmó que garantiza el alojamiento y la contención de los apresados en la Cárcel de Bouwer, situada al sur de esta capital.

Hasta allí llegaron uno de los abogados de Luz y Fuerza, Miguel Ortiz Pellegrini, el secretario general, Juan Leyría, y la legisladora provincial de Izquierda Unida, Liliana Olivero.

Más temprano, la caravana de sindicalistas partió desde la sede céntrica de Luz y Fuerza en calle Deán Funes hasta el penal.

Antes de arribar a la cárcel, Leyría advirtió que los trabajadores no volverán a sus labores hasta que la Justicia no libera a los detenidos.

"No vamos a trabajar más hasta que no liberen a los compañeros. Por eso lanzamos un paro por tiempo indeterminado", dijo Leyría a radio Cadena 3.

Durante todo el día de hoy, sólo se prestaron los servicios mínimos de guardia ante inconvenientes importantes, lo mismo que hizo el SUOEM en los hospitales municipales de Urgencias e Infantil.

Por otra parte, Olivero aseguró que, con las detenciones de los gremialistas, "se trata de ocultar la gravísima situación financiera de la Provincia".

Asimismo, la funcionaria cuestionó el modo en que se cometieron las detenciones al señalar que se "utilizaron procedimientos de la dictadura militar".

En tanto, el arzobispo de Córdoba, Carlos Ñáñez, se metió en la discusión entre estatales y el gobierno provincial al solicitar paz social para la Provincia.

"Nosotros tenemos que pedir por nuestra Córdoba, para que la paz social sepamos cuidarla y resguardarla. Asumamos el compromiso de proceder en el respeto, en el diálogo y en el rechazo de todo tipo de violencia", destacó el cura en su homilía.

Ayer, el fiscal del Distrito 1, turno 1, Enrique Gavier imputó a los 12 acusados los delitos de "daño calificado, atentado a la autoridad agravada e intimidación pública agravada", aunque se detuvo a 10 sindicalistas por los incidentes del 20 de agosto en contra del recorte a las jubilaciones superiores a los cinco mil pesos y la modificación en el sistema de cálculo para los nuevos pasivos.

Los diez gremialistas detenidos son Pablo González, del SUOEM, y los delegados de Luz y Fuerza Emanuel Romero, Tomás Di Toffino, Pablo Álvarez, Rubén Catoira, Cristian Molina, Walter Daher, Ricardo Reyes, Federico Gómez y Emilio Di Filippo.