"Y el jefe de Gobierno lo tiene que saber, porque sus decisiones avanzan sobre la ruptura del orden constitucional local y eso esta claramente prescripto en la Constitución Nacional primera parte", afirmó el magistrado en una conferencia de prensa que brindó este mediodía en la Legislatura porteña.

Para Gallardo lo que hizo Macri "es el comienzo de una política de disciplinamiento y esto podría ponerlo incurso en el artículo 36 de la Constitución Nacional".

Todo comenzó cuando la semana pasada Gallardo citó a Macri y algunos de sus funcionarios en el marco de una causa en la que se investiga la muerte por falta de atención médica de un menor de 4 meses en un centro de evacuados de Villa El Cartón, ubicado en Villa Lugano.

Ante esta situación y en el marco de otra medidas del juez, el procurador de la ciudad, Pablo Tonelli, decidió recusarlo y como medida preventiva envió todos los expedientes que tramitaban allí a otros juzgados.

"Vengo a decirles a los legisladores que el juez designado hace diez años, sin un proceso constitucional de remoción, comienza a ser un juez virtual", afirmó Gallardo.

Gallardo indicó que "resulta muy clara la orden política que dice que `como no podemos enjuiciarlo porque no queremos pagar ese costo entonces lo dejamos sin expedientes y se va a quedar regando las plantas del despacho`".

Gallardo recordó que "hubo una situación puntual como fue el incendio hace un año y medio de Villa Cartón, luego del cual el gobierno creó un centro de evacuados que "cumple con todas las condiciones para violar todos los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que Argentina es signataria".

"Allí hay hacinamiento, desnutrición, falta de acceso a la educación y a la vivienda, falta de agua potable, falta de servicios de salud, etcétera", dijo el juez.

En este contexto dijo que "hace unos días murió un menor, Javier, de 4 meses de edad sin asistencia médica, pero 5 meses antes de que naciera el tribunal le había encomendado al gobierno el establecimiento de un servicio médico pediátrico y clínico, permanente en ese lugar".

"Pero la argumentación del gobierno fue que no había seguridad para los médicos. Imaginen la gravedad de semejante afirmación, que el gobierno diga que en su propio ámbito carece de seguridad para dar asistencia médica", ironizó el magistrado.

En este sentido Gallardo sostuvo que "como es lógico, ante la muerte de Javier, el ministerio público quiso que el gobierno explicara qué había pasado y exigió un responsable, un sumario, que cesara ese estado de impunidad".

"Pero no vino nadie a la audiencia que fue convocada a esos efectos. Enviaron solamente un abogado que balbuceó ante la madre y la abuela del chico que no estaban dadas las condiciones de seguridad", afirmó el juez.

La conferencia de prensa se realizó en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, la que estuvo colmada por diferentes organizaciones sociales como Libres del Sur, Vecinos de los piletones, barrio Piedrabuena, entre otros.

Estuvieron diputados de la oposición Juan Cabandié, Gabriela Alegre, Gonzalo Ruanova, Verónica Goméz, Julián D'Angelo, Diana Maffía, Martín Hourest y Liliana Parada.

También estuvo el titular del gremio de los judiciales y secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato.