La resolución benefició a los gestores de "Ciudadanía Express" María Elena Tedaldi (considerada la jefa de la banda por el juez), Viviana Farfán, Paola Rejala, Paula Tunesi, Valeria Moreyra, César Salgado y José Rolón, y a Lorenzo Arcidiácono, Jéssica López, Wenceslao Rivarola, Ramiro Quiróz Buschiazzo y Margarita Sánchez.

Los camaristas consideraron que no existe riesgo de fuga por parte de los procesados y que no se puede concluir que sean los máximos responsables de los delitos que se investigan, así como tampoco se puede establecer si en la causa hay involucrados funcionarios nacionales y de otros países, como sostuvo Oyarbide para negar las excarcelaciones.

Para los jueces, no se compadecen los roles que Oyarbide había asignado a las personas, entre ellos el de jefes de una asociación ilícita para Tedaldi, dueña de la gestoría "Ciudadanía Express", y Arcidiácono, y sostuvieron que ninguna de las personas tuvo una participación superior a la de supuesto miembro.

"Es que en la hipótesis de un grupo con semejante extensión y vínculos, carece de logicidad concluir que la dueña de la gestoría Ciudadanía Express haya tenido la decisión última sobre la estructuración de la organización y los cursos de acción a seguir", explicaron en su voto Cattani e Irurzun.

Los dos magistrados agregaron que "resulta requisito indispensable demostrar la existencia de un poder de mando real reconocido por el resto de sus miembros, capaz de generar obediencia en quienes se ubican dentro de la estructura de la organización integrándola".

En ese marco, expresaron que en la causa no hay argumentos para sostener que funcionarios locales y extranjeros obedecieran instrucciones de Tedaldi, ni que ésta fuera la ideóloga de las maniobras.

Por su parte, el juez Farah fundó su resolución en base al principio de inocencia de la Constitución Nacional y la excepcional restricción de la libertad.

El juez Oyarbide había dictado a principio de agosto los procesamientos de 30 personas (la mitad de ellas sin prisión preventiva) por los delitos de falsificación de documentos y asociación ilícita, mientras que a otras diez se le decretó la falta de mérito, luego de realizar cerca de cien allanamientos en distintos lugares de la Capital Federal y el interior del país, como clubes de fútbol, escribanías y estudios jurídicos.

La causa se inició con una presentación del cónsul de Italia, Giancarlo Curcio, que denunció la falsificación de su firma en la tramitación de la ciudadanía de ese país.

Durante la investigación, para la cual Oyarbide viajó a Italia, fuentes judiciales había mencionado como supuestos beneficiarios de las maniobras a futbolistas como el arquero Juan Pablo Carrizo, el defensor de Boca Gabriel Paletta, los juveniles del mismo club Juan Forlín y Maximiliano Scapparoni y los representantes Gustavo Mascardi, Fernando Hidalgo, Jorge Cyterszpiller, entre otros.