Según confirmaron fuentes oficiales, la Jefa de Estado mantuvo contactos telefónicos anoche con los mandatarios de Chile y Brasil, para analizar la situación política y social por la que atraviesa el gobierno boliviano.

Horas antes, el gobierno argentino manifestó su apoyo "incondicional" y respaldo al gobierno boliviano y a su presidente, Evo Morales, ante los hechos de violencia que tienen lugar en ese país.

En un comunicado difundido por la Cancillería, el gobierno argentino manifestó su "pleno e incondicional respaldo al gobierno constitucional del presidente Evo Morales Ayma".

El gobierno nacional mencionó "los graves hechos de violencia y sabotaje terrorista que se registraron en la hermana República de Bolivia, donde se han producido víctimas fatales, destruido bienes públicos y privados y afectados gasoductos que abastecen a países vecinos".

En ese sentido, el gobierno argentino llamó a "los prefectos a frenar los actos de violencia en sus respectivos departamentos y convoca a los principales dirigentes políticos y sociales de aquel país para que eviten un agravamiento de la situación y retomen el diálogo".

En el comunicado oficial se sostiene que ese "es el único camino posible para evitar mayores desencuentros entre los bolivianos de todas las regiones y de todos los sectores".

Asimismo, el gobierno exhortó "a la comunidad internacional a que se pronuncie a favor del respeto al orden constitucional y la integridad territorial de Bolivia y a condenar las acciones violentas impulsadas por autoridades locales".

También llama a condenar "todo intento exterior de buscar la desestabilización de gobiernos populares elegidos democráticamente en elecciones libres y sin proscripciones en Sudamérica".

El gobierno "expresa su permanente disposición a colaborar en la búsqueda de una solución que garantice el pleno respeto de la democracia, la integridad territorial y la paz, valores que han guiado a la sociedad boliviana en estos últimos años en forma ejemplar en la región y el mundo".

Los hechos de violencia se registran en los departamentos de Santa Cruz y Beni, entre otras regiones con gobiernos locales opositores al presidente Morales.