Así lo indicaron este mediodía fuentes tribunalicias, quienes señalaron que el magistrado requirió que los peritos se expidan acerca de la "razonabilidad y eficiencia de los sistemas de control" que tiene la Superintendencia de AFJP sobre esas administradoras.

Bonadío, agregaron las fuentes, también requirió a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que brinde informes de la documentación entregada en los últimos dos años por la Superintendencia y a este organismo que efectúe una "auditoria interna" sobre los "informes de gestión".

Las medidas se ordenaron a las pocas horas de que el juez dispusiera el levantamiento, aunque con restricciones que incluían la designación de un auditor, de las limitaciones que había impuesto para operar en Bolsa a las administradoras que investiga.

De acuerdo a la denuncia del titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), Guillermo Marijuan, quedaron bajo sospecha las AFJP, cuyas oficinas fueron allanadas por orden de Bonadío.

Los mismos informantes admitieron la posibilidad que, en los próximos días, Bonadío cite a prestar declaración a algunos responsables de las administradoras, "en principio como testigos", aunque no descartaron que el magistrado pudiese efectuar algunos llamados a indagatoria si considerase "prima facie" algún presunto delito.

Las fuentes indicaron que ello obedece "ciertas inconsistencias" observadas en la documentación secuestrada en los allanamientos que se habrían detectado en la confección de los planes "estratégicos" de inversión (denominados "minutas de inversión") que elaboran las AFJP mediante "comités" que deciden "como estructurar su cartera" de activos.

En la denuncia original de se explicaba que, ante la inminencia del anuncio sobre las modificaciones al sistema previsional, las AFJP habrían "efectuado operaciones financieras en claro detrimento de los intereses de sus afiliados, dilapidando los fondos en clara violación a las disposiciones legales vigentes".