Según el diario El Tiempo de Bogotá, los generales sancionados son el mayor general Roberto Hernández Pico y los brigadieres generales José Joaquín Franco Cortés y Paulino Coronado. La medida también afecta a cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores, un capitán y un teniente, además de seis suboficiales.

"No se puede confundir la eficacia en las operaciones militares con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distorsión de la eficacia, asesinando a inocentes", dijo el presidente Uribe en un discurso televisado.

La decisión fue tomada, dijeron el presidente y sus comandantes, debido al caso de la desaparición de once jóvenes habitantes de un barrio del sur de Bogotá, cuyos cadáveres aparecieron en una fosa común en una zona del noreste del país a mediados de año. La muerte de estos chicos fue informada por el Ejército como bajas de guerrilleros en combate.

"Estos hallazgos muestran que en algunas instancias ha habido negligencia, falta de cuidado con los procedimientos que tienen que observarse y eso ha permitido que algunas personas puedan estar implicados en crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del ejército", dijo Uribe.

El mandatario agregó en su alocución que "en algunas regiones tienen interés de asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentado a los criminales".

El gobierno "tiene que ser totalmente riguroso en su insistencia, en su exigencia, de que esta política de seguridad les devuelva a los colombianos plenamente la tranquilidad".

Todo comenzó cuando las autoridades encontraron en el noroeste del país los cadáveres de once jóvenes que desaparecieron a principios de 2008 en un barrio de Bogotá, al parecer reclutados por grupos armados ilegales.

Según el diario El Espectador, los cuerpos fueron encontrados en los departamentos de Santander y Norte de Santander, y los funcionarios del Instituto de Medicina Legal se reunieron con las familias de los jóvenes, todos de Bogotá, para explicarles los detalles del hallazgo.

Las primeras versiones de las autoridades señalan que, al parecer, las víctimas intentaron escapar después de permanecer en las filas de la guerrilla de las FARC, pero al ser descubiertos fueron fusilados y algunos torturados.

Sin embargo días después el ministro de Defensa Santos confirmó que los once jóvenes habían sido reportados como dados de baja en combate y que se investigaría la responsabilidad de la Fuerza Pública en este caso.