17:33 › ASESINATO DEL REPORTERO GRáFICO
La familia de fotógrafo asesinado José Luis Cabezas informó que el abogado Alejandro Vechi presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una queja por el "beneficio" de libertad condicional otorgado a varios de los acusados del crimen, pese a que la sentencia aún no está en firme.
Así lo dieron a conocer los padres de la víctima, Norma y José y Gladys, la hermana de José Luis durante una conferencia de prensa brindada en la sede de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).
"Estas liberaciones, para mí son tremendas. Al poco tiempo de ser condenados en el juicio oral, se vieron beneficiados (con la libertad condicional), se les otorgó el dos por uno", precisó la hermana del fotógrafo, quien fue asesinado en la ciudad de Pinamar el 25 de enero de 1997.
"El doctor Vechi está viajando a los Estados Unidos para presentarse en la CIDH, por el abuso de los jueces", comentó Gladys, que ofició de vocera de la familia.
Consultada sobre si la presentación ante la CIDH buscaba crear el interés político del organismo internacional, Gadys Cabezas asintió. "Si me lo decís así, sí", fue la respuesta concisa.
"A los jueces que se den cuenta de lo que están haciendo y a los ciudadanos que nos sigan ayudando, que si los ven en un bar o un restaurante, se levanten y se vayan", aconsejó la hermana en relación a algunos de los delincuentes que hoy gozan de la libertad.
El juicio oral por el crimen de Cabezas condenó a nueve delincuentes, de los cuales sólo dos de ellos siguen en la cárcel: el comisario de Pinamar, Alberto Gómez y Gustavo Prellezo, sindicado como el autor material del asesinato.
Los demás están en libertad, salvo uno que falleció. El último
de los condenados que consiguió la libertad condicional es Gregorio Ríos, el jefe de la custodia del empresario postal Alfredo Yabrán, quien se suicidó al ser descubierta la responsabilidad ideológica en el crimen del fotógrafo.
Gladys Cabezas acusó a los jueces "de no cumplir con la ley", al considerar que aplican en forma discrecional el dos por uno, un beneficio penal para aquellos que sufren cárcel sin estar condenados.
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