Así, el debate oral seguirá adelante y en unas semanas comenzará el desfile de testigos, mientras sigue la apelación ante a la Cámara Nacional de Casación Penal.

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 rechazó el planteo de los abogados de Menem, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, al sostener que "la regla general de juicios es la continuidad".

Menem había pedido la suspensión del juicio a la espera del resultado de un recurso que planteó el 13 de febrero pasado ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

Los jueces Gustavo Losada, Horacio Artabe y Luis Imas llamaron la atención a los abogados de Menem por el tono "irónico y suspicaz" que deslizaron en el escrito que pedía la suspensión del juicio.

En su argumentación, la defensa sostuvo que la intervención de Menem en el caso fue un hecho "absolutamente lícito, no reprochable penalmente", ya que -además- el pedido de elevación de juicio oral firmado por el entonces fiscal y hoy ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, no aludía a la figura de "dolo", es decir, intencionalidad.

Si bien el tribunal oral no hizo lugar al reclamo defensita, Menem puede recurrir "en queja" al máximo tribunal penal para probar suerte en Casación, pero el juicio en su contra continuará avanzando.

Fue por eso que, tras resolver la cuestión planteada por la defensa de Menem, los magistrados llamaron al estrado al ex síndico de Fabricaciones Militares (FM), Haroldo Luján Fusari, procesado en la causa, quien se negó a declarar.

El ex director de Comercialización de Fabricaciones Militares, Alberto Nuñez, también optó por el silencio, como hicieron todos los convocados hasta ahora.

Por ahora, ya se negaron Carlos Menem, su cuñado y empresario Emir Yoma y el supuesto traficante de armas Diego Palleros, entre otros.

Y aunque la lista para preguntarle a los acusados si quiere declarar antes de que desfilen los testigos recién terminará en el 10 de marzo, las expectativa están centradas en si rompen el silencio el ex titular de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga (20/2) y el ex canciller Oscar Camilión (3/3).

El tribunal trata de saber si los acusados cometieron el delito de contrabando agravado de 6.500 toneladas de armas que tres decretos autorizaron a exportar a otros países pero no a Ecuador y Croacia, que estaban en guerra e impedidos de adquirir material bélico.