La discusión en los partidos Nacional y Colorado se centraba en boicotear el debate o llevarlo por cauces que impidan declarar inconstitucional la ley, que significó una amnistía para militares y policías que violaron derechos humanos durante la última dictadura.

En el Partido Blanco las tácticas difieren: el sector que lidera el senador y precandidato presidencial Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) se inclina por ausentarse para dejar la sesión sin quórum, mientras el del ex presidente y también precandidato Alberto Lacalle (Unidad Nacional) opta por el debate frontal.

Legisladores de una y otra ala sostenían intensos contactos para adoptar una postura común frente a la decisión del Parlamento de considerar la decisión del gobierno de declarar inconstitucionales los artículos 1, 3 y 4 de la ley en el caso de la muerte en 1974 de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, puntualizó Prensa Latina (PL).

Larrañaga señaló que la discusión en la Asamblea General es ociosa en tanto "el Parlamento y sus votos no pueden transformar en inconstitucional lo constitucional". Las resoluciones de ese órgano no son vinculantes, pero un eventual apoyo a la propuesta del gobierno tendría un indudable peso en el ánimo de la ciudadanía y en la posterior y definitiva decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Lacalle, en cambio, se mostró partidario de ingresar a sala "y dar el debate que corresponda".

En el Partido Colorado se consideraba, en tanto, la posibilidad de boicotear por ausencia la reunión, pero sus líderes defienden a ultranza la constitucionalidad de la ley, que amnistió a ex militares y policías responsables de violaciones de los derechos humanos en tiempos de la dictadura (1973-1985).

La oposición uruguaya acusa al gobernante Frente Amplio de intentar sacar réditos políticos del debate parlamentario, con vistas a las elecciones nacionales del 25 de octubre.

El pasado martes el Ejecutivo avaló la inconstitucionalidad de los artículos señalados sólo para el caso Sabalsagaray, pero de prosperar, la propuesta podría crear un precedente para juzgar a los autores de otros crímenes durante la época dictatorial.