Una denuncia judicial presentada entonces por el rectorado de la universidad derivó luego en una causa contra diez dirigentes estudiantiles, en la que el juez Octavio Aráoz de Lamadrid los procesó por “secuestro coactivo agravado”, un delito que prevé penas de hasta 25 años de cárcel.

Luego, la sala 1 de la Cámara de Apelaciones consideró que no existió delito en la protesta y los estudiantes fueron sobreseídos.

Ahora el fiscal general Germán Moldes apeló ese fallo al considerar que es "erróneo, prematuro y arbitrario".

El funcionario argumentó que "sobreseyendo y restando connotación delictiva de manera global a la totalidad de los sucesos protagonizados por los militantes, sin hacer distingos sobre los diferentes hechos y acciones que tuvieron lugar en rectorado de la UBA, se impide conocer cuáles de ellos pueden ser tolerados, cuáles son pasibles de juzgamiento y, sobre cuáles hay que profundizar la labor de los jueces".

Además, en su argumentación de Moldes critica la justificación que el tribunal atribuye al accionar de los estudiantes y disiente con la Sala I que argumentó que “las acciones del gobierno universitario son compartidas y se toman en general de manera un tanto alborotada y poco ortodoxa”, ya que según el fiscal, “el ingreso de los manifestantes al rectorado, ante la eventual clausura de la sede Merlo del Ciclo Básico Común, no aparecen ni tan justos ni tan encomiables como los presenta la Sala I”.