La decisión fue confirmada anoche por un comunicado del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, reproducido por la estatal Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).

El texto destacó que el asilo político otorgado a Rosales "constituye una burla contra el Derecho Internacional, un duro golpe a la lucha contra la corrupción y un agravio contra el pueblo de Venezuela".

También puso de manifiesto que la administración de Hugo Chávez ha iniciado "una fase de evaluación integral de sus relaciones con el Gobierno" de Alan García.

La cartera de Exterior venezolana comenzó recordando que en cuanto se confirmó la presencia de Rosales en Lima, se libró "la orden de captura internacional", dado que el ex candidato a presidente está acusado "de delitos asociados a la corrupción y al enriquecimiento ilícito".

"Dando curso a los procedimientos de rigor, Interpol Perú solicitó a las autoridades venezolanas la documentación necesaria para proceder a la detención de Manuel Rosales, la cual fue entregada oportunamente el pasado día domingo 26 de abril", añadió el comunicado.

Puntualizó también que "a pesar del cúmulo de pruebas, el Gobierno del Perú decidió otorgarle el asilo político a Manuel Rosales, en una decisión que constituye una burla contra el Derecho Internacional, un duro golpe a la lucha contra la corrupción y un agravio contra el pueblo de Venezuela".

"En vista de lo anterior, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha decidido, en señal de protesta, el retorno inmediato a Caracas de su embajador en Lima, la suspensión de los trámites conducentes al traslado del embajador recientemente designado ante el gobierno de la República del Perú

y el inicio de una fase de evaluación integral de sus relaciones con el Gobierno de ese país", concluyó el comunicado.