22:18 › A PEDIDO DE CORREA
El Congreso interino de Ecuador anunció que aprobó el retiro del país del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), ante el cual el Estado enfrenta querellas de petroleras y eléctricas por unos 12.944 millones de dólares.
"La decisión permitirá que Ecuador se retire" de ese organismo internacional, adscrito al Banco Mundial (BM), señaló el Legislativo, tras aprobar un pedido en ese sentido del presidente Rafael Correa con 50 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones.
El mandatario solicitó hace una semana al Congreso que denuncie el convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones al considerar que viola la nueva Carta Política ecuatoriana, aprobada en referendo en setiembre pasado.
La Constitución establece que "no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas".
El Congreso enfatizó que "este procedimiento, previsto en el derecho internacional, produce como efecto la separación del Estado denunciante del respectivo tratado o convenio".
El lunes Correa pidió a las petroleras extranjeras que dejen el país en caso de sentirse explotadas y anunció mano dura contra las empresas que han planteado arbitrajes internacionales en reclamo de millonarias indemnizaciones.
"Hay una postura mucho más firme para todas estas empresas que creen que todavía pueden seguir abusando del país, (que) se niegan a pagar impuestos", declaró el gobernante.
"Y más encima nos llevan a arbitrajes, nos enjuician pidiendo indemnizaciones millonarias. Si eso es lo que creen que merecen, que se vayan del país, que tengan aunque sea la coherencia de dejar de trabajar en un país donde teóricamente se los ha explotado tanto", agregó.
La mayoría de demandas ante el CIADI son de petroleras como la francesa Perenco y las estadounidenses Burlington y Occidental (Oxy, que reclama unos 3200 millones) por supuestos incumplimientos de contratos.
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