La sentencia fue dictada por el juez federal Marcelo Martinez Di Giorgi, quien además reclamó su extradición al país desde España, donde está detenido por tráfico de armas, para que cumpla la condena en una cárcel argentina, según el veredicto de 40 carillas dictado tras un juicio que se desarrolló de manera escrita.

El juez también condenó a tres años de prisión en suspenso al ciudadano argentino Abdón Azur, como coautor de falsificación de carta de ciudadanía y absolvió por el beneficio de la duda a un entonces funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Ignacio Bunge, según el fallo.

La causa penal fue abierta el 8 de mayo de 1992 por denuncia del entonces fiscal de Cámara Gustavo Hornos cuando se conoció que Al Kassar y cuatro miembros de su familia habían obtenido ciudadanía argentina y pasaporte en tiempo récord y omitiéndose comprobar sus antecedentes penales.

De hecho se supo que el documento nacional de identidad había sido obtenido en un día e incluso, el mismo acusado llegó a declarar que la foto se la había sacado en la Casa de Gobierno "con una corbata" prestada por el entonces presidente.

El traficante fue condenado por los delitos de falsedad ideológica cometido en dos oportunidades, para la obtención de carta de ciudadanía y radicación.

Al Kassar, un conocido traficante de armas con condenas internacionales y antecedentes, obtuvo su ciudadanía argentina en el juzgado federal 2 de Mendoza, aportando datos falsos sobre su residencia y omitiendo informar sobre sus antecedentes penales en el exterior.

Para ello dijo haber vivido dos años en Severo de Castillo 4707 en la localidad de Corralitos, Mendoza, algo desmentido por testigos.

Posteriormente y en tiempo récord, por su condición de "recomendado", según coincidieron testigos en la causa, gestionó cédula, documento nacional de identidad y finalmente pasaporte y obtuvo la "residencia permanente" en la Dirección Nacional de Migraciones.

A este organismo, según testigos en la causa, llegó acompañado por la entonces secretaria de audiencias de Menem y cuñada, Amira Yoma.

Radicado en España, ese país concedió su extradición para ser juzgado y en una declaración ante el entonces juez del caso, Jorge Ballestero, en el 2000, afirmó que el ex presidente Menem había dado la "orden" a Migraciones para que se le otorgara la residencia en 1990.

El 30 de junio de 1992, tras estallar el escándalo en publicaciones periodísticas, fue procesado y se declaró "nula de nulidad absoluta e insalvable" la radicación de Al Kassar en el país y se ordenó su "inmediata expulsión".

Interpol había informado para entonces que Al Kassar estaba condenado a 8 años de prisión en París por tenencia ilegal de armas y municiones y por "pertenecer a una organización criminal".

Martínez de Giorgi tuvo en cuenta como agravantes la "peligrosidad de la maniobra" realizada, las condenas anteriores de Al Kassar y "la naturaleza, modalidad e importancia del hecho investigado".

El 18 de enero de 1990 Al Kassar inició el trámite para obtener la radicación permanente en el país y declaró bajo juramento no tener antecedente penales ni condenas.

Sorteado con éxito este trámite, presentó un contrato de compraventa de un inmueble supuestamente convenido con el otro condenado, Adur, apoderado de la firma Pride Trading Corporation. De ese boleto surgía su intención de radicarse en Mendoza, por lo cual la justicia provincial le otorgó la carta de ciudadanía por naturalización.

Al Kassar está detenido en España, país que el año pasado concedió su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por supuestamente haber colaborado con las FARC colombianas.