En tanto, durante el segundo día de audiencias ante la Corte Internacional, la delegación argentina -encabezada por la Consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti-, aseguró hoy que "el Estado uruguayo no dio ni evaluó alternativas para la instalación de la pastera Botnia en otra zona de su territorio".

El equipo argentino afirmó que "el emplazamiento de Botnia es totalmente inapropiado y los estudios científicos lo comprueban" y enfatizó que "pasteras y turismo no son compatibles".

Según informó hoy la Cancillería argentina, "Uruguay descartó construir las plantas en (las localidades uruguayas de) La Paloma o en Nueva Palmira, por ser zonas recreativas y turísticas".

Justamente, uno de los principales focos del conflicto binacional surgió en la localidad argentina de Gualeguaychú, uno de los centros turísticos más importantes de la provincia de Entre Ríos, que posee balnearios sobre la costa del Río Uruguay, frente a Fray Bentos.

Los asambleístas de Gualeguaychú iniciaron en el verano de 2006 cortes de ruta en el acceso al puente General San Martín, que comunica esa ciudad con la uruguaya de Fray Bentos y el paso está interrumpido totalmente desde el 20 de noviembre de ese año, pese a las quejas del gobierno uruguayo por los perjuicios económicos causados al turismo.

El nudo de la demanda iniciada por la Argentina en 2006, contra su vecino ante la Corte Internacional de La Haya, es justamente que Montevideo habría violado el Tratado del Río Uruguay, que ambos países rubricaron en 1975, al permitir sin consulta previa que Botnia se levante en Fray Bentos.

Sin embargo, Tabaré Vázquez negó también que su país haya autorizado la instalación de la fábrica de celulosa sin consultar a la Argentina.

Según publicó hoy el diario El País de Montevideo, Vázquez reiteró que el gobierno de Néstor Kirchner, cuando Rafael Bielsa era canciller, fue el que en 2003 prestó su acuerdo a la instalación de dos fábricas en la misma zona, una de las cuales luego decidió mudar su emprendimiento más al sur.

El mandatario dijo al matutino montevideano que espera "un buen resultado de La Haya", que emitiría sentencia el año próximo.

Ayer, durante la primera de las audiencias finales ante la Corte de la ONU, la representación argentina aseguró que la planta está generando contaminación que está afectando el aire y el río, lo que en definitiva causaría perjuicios a los pobladores de Gualeguaychú.

El equipo argentino es presidido por la Consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti; el Secretario de Ambiente nacional, Homero Bibiloni; el director del Instituto de Servicio Exterior de la Nación, Horacio Basabe; y el embajador argentino en Países Bajos -con sede en su capital, La Haya-, Santos Goñi Marenco.

El alegato argentino se prolongará hasta el jueves, mientras que la delegación uruguaya, liderada por el embajador en Estados Unidos, Carlos Gianelli, iniciará su defensa el próximo lunes, también durante cuatro días.

Durante la tercera y última semana de audiencias, que finalizarán el 2 de octubre, ambas partes dispondrán de dos días cada una para responder a los argumentos de la otra, indicó AFP, en tanto que el fallo podría conocerse en unos seis meses.