"Los rectores de las universidades e instituciones públicas de Educación Superior, que suscribimos este documento, sentimos la necesidad de manifestar nuestro aporte y pensamiento respecto a la Ley de Medios Audiovisuales que se encuentra en tratamiento en el Congreso Nacional", destaca el texto.

El documento conjunto denominado "Carta a los Legisladores Nacionales: Una deuda pendiente desde la dictadura", sostiene que todos los legisladores, respondiendo a quienes representan, "tienen el derecho y el deber de revisar y corregir el proyecto presentado".

En ese sentido añade que "lo que no se puede hacer, es seguir demorando la resolución de una deuda que lleva décadas de espera y que lastima a la democracia que estamos dispuestos a defender sin claudicaciones".

Entre los argumentos sostiene que desde 1983 las universidades nacionales e instituciones públicas de educación superior están convencidas que la Ley de Radiodifusión 22.285 "debe ser sustituida".

"Ningún argentino puede desconocer que la misma fue promulgada por Jorge Rafael Videla, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, como fruto de la peor dictadura que azotó a nuestra Nación", agrega el documento.

Las autoridades universitarias sostienen que "la plena libertad para expresar y difundir las ideas es un principio que se defiende inexcusablemente en las universidades e instituciones públicas de educación superior".

No obstante consideran que "este precepto no será realidad hasta que todos los argentinos tengamos las mismas posibilidades de acceder a los medios de comunicación masiva", que para eso "hace falta una ley de la democracia".

En otro de los párrafos del texto sostienen que las universidades nacionales confluyeron y acordaron los 21 puntos de la iniciativa por una Ley de Radiodifusión de la Democracia, el principal sustento del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación.

En el documento de las universidades se agrega que en la confección del actual proyecto que se debate en el Congreso Nacional "se tomó nota de las críticas y los aportes de los ciudadanos, las cooperativas, los grupos de género, los pueblos originarios, las organizaciones no gubernamentales, los dirigentes de distintas extracciones políticas, del mundo del trabajo y las empresas". Lo mismo que de "los credos religiosos, las asociaciones civiles sin fines de lucro y los profesionales y estudiantes del área de la comunicación social".

"Más de quince mil opiniones fueron recogidas en veinticuatro foros y ochenta conferencias. De esta participación surgieron modificaciones al anteproyecto inicial que enriquecieron el proyecto que hoy está en discusión", añade el texto.

"Las discusiones que en nuestros espacios llevaron veintiséis años sirvieron para enriquecer un debate que es legítimo, como lo es el mandato de quienes deben darlo. ¿Cómo no pedir entonces a nuestros legisladores y legisladoras que se aboquen con toda dedicación y empeño a resolver, por fin, esta vieja deuda con la democracia argentina"?

Con esos argumentos reiteran que "los legisladores y legisladoras, respondiendo a quienes representan, tienen el derecho y el deber de revisar y corregir el proyecto presentado. Lo que no se puede hacer, es seguir demorando la resolución de una deuda que lleva décadas de espera y que lastima a la democracia que estamos dispuestos a defender sin claudicaciones".

El documento conjunto de las autoridades universitarias en apoyo a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está firmado por los rectores de numerosas casas de altos estudios nacionales.

Las firmas son las siguientes: Héctor Brotto, rector de la Universidad Tecnológica Nacional; Gustavo Aspiazu, presidente de la Universidad Nacional de La Plata; Arturo Somoza, rector de la Universidad Nacional de Cuyo; Horacio Gegunde, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Daniel Martínez, rector de la Universidad Nacional de la Matanza; Ana Jaramillo, rector de la Universidad Nacional de Lanas; Carlos Ruta, rector de la Universidad Nacional de San Martín; Aníbal Jozami, rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Gustavo Lugones, rector de la Universidad de Quilmes; Silvio Feldman, rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento; Oscar Spada, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto; Martín Gill, rector de la Universidad Nacional de Villa María, Aldo Caballero, rector de la Universidad Nacional de Misiones.

Enrique Arnau, rector de la Universidad Nacional de Jujuy; Norberto Caminoa, rector de la Universidad Nacional de Chilecito; Jorge Gil, rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; Roberto Tassara, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Walter López, rector de la Universidad Nacional de Chaco Austral; Osvaldo Arizio, rector de la Universidad Nacional de Luján; Martín Romano, rector de la Universidad Nacional de Formosa; Arnaldo Tenchini, rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero; Liliana Demaio, rectora del Instituto Universitario Nacional de Arte; Juan Carlos del Bello, rector de la Universidad Nacional de Río Negro.

Graciela Mingo de Bevilacqua, rectora de la Universidad Autónoma de Entre Ríos; Stella Pérez Bianchi, rectora de la Universidad Nacional de Salta; Eugenia Márquez, rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

Eduardo Seminara, vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario; Enrique Tello Roldán, rector de la Universidad Nacional de La Rioja; Elina Buenader, vicerrectora de la Universidad Nacional de Catamarca y Carolina Scotto, rectora de la Universidad Nacional de Córdoba.