Uruguay abrió la primera de las cuatro jornadas ante la CIJ con las que cuenta para exponer su postura ante la demanda de Argentina por la construcción de la planta de celulosa Botnia. El profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Edimburgo, Alan Boyle, declaró ante los jueces que "la contaminación del aire está fuera de la jurisdicción de la Corte porque el Estatuto del río Uruguay no contempla provisiones" en esta materia. Añadió que la Comisión de Administración del Río Uruguay (CARU) tampoco establece "regulaciones" en ese ámbito, lo que para Montevideo confirma que la contaminación del aire no puede ser considerada en la tramitación de la denuncia de Argentina por la papelera Botnia.

Por su parte, el embajador uruguayo en Estados Unidos, Carlos Gianelli, representante de su país en este litigio afirmó que Botnia, en funcionamiento desde noviembre de 2007, "no ha causado ningún perjuicio al río ni a su vida acuática".

Gianelli aseguró que su comitiva presentará "informes independientes" que revelan "muy claramente" que la pastera cumple a rajatabla las reglas internacionales y locales de medio ambiente.

La Argentina acusa a su vecino de causar daños ecológicos irreparables y de violar el estatuto de 1975 sobre el uso compartido del río Uruguay al no haberle informado de sus planes de construcción de la fábrica finlandesa, exigiendo ahora su cierre.

Montevideo "concede una gran importancia al estatuto, que no ha violado desde ningún punto de vista", afirmó Gianelli, asegurando además que su país ha "provisto una cantidad impresionante de información medioambiental y sobre la fábrica a Argentina".

El embajador prometió una "respuesta integral" a las "tentativas" argentinas de hacer creer que la planta no habría obtenido la autorización para ser construida en "un país desarrollado".

Concretamente, a la acusación de la Argentina de que Botnia ha provocado la aparición de algas tóxicas en el río, Gianelli replicó que su "proliferación no se debe" a la fábrica, sino a un "fenómeno corriente durante el verano".

En cuanto a la denunciada presencia de dioxinas - sustancias químicas nocivas -, defendió que se "trata de un nivel tan bajo que la tecnología más moderna no puede detectarla".

"Es la fábrica adecuada en el lugar correcto, en un río que es más que capaz de soportar el desarrollo de este tipo de actividad económica", remarcó por su parte Alan Boyle.

"No se ha hallado un solo caracol ni un solo bígaro muerto en el río", sentenció.

La Argentina demandó en 2006 a Uruguay por su proyecto de construir dos fábricas de pasta de celulosa en el río fronterizo. Actualmente, la planta de Botnia, ubicada cerca del puerto de Fray Bentos, está en funcionamiento con una capacidad anual de un millón de toneladas.

La segunda planta no llegó a ver la luz porque su responsable, la española Ence, vendió su proyecto al finlandés Stora Enso y al chileno Arauca, que planean construir una fábrica más al sur, en Punta Pereira (Colonia).

Durante la primera audiencia uruguaya, en la que la delegación declinó hacer declaraciones a la prensa, Gianelli arremetió además contra el gobierno argentino por "tolerar abiertamente" el bloqueo permanente del puente fronterizo General San Martín, cortado en el verano de 2006 por vecinos de Gualeguaychú.

El cierre "ha provocado centenares de millones de dólares de perjuicios económicos a Uruguay", deploró el embajador, cuyo país solicitó en vano a fines de 2006 a la CIJ que ordenara su reapertura.

En julio de ese año, la Corte también desechó una petición de la Argentina de que dictara la suspensión de las obras de Botnia como medida cautelar.

La próxima semana, ambas partes dispondrán de dos días cada una para rebatir los alegatos de la otra, hasta el viernes 2 de octubre. El fallo del tribunal, que tiene por costumbre - no por regla -, dictar sentencias conciliadoras entre las partes, no es esperado hasta entrado 2010.