Uruguay expuso su posición durante la segunda de las audiencias finales, luego que los representantes argentinos hicieran lo propio la semana pasada.

Uno de los expositores en representación del vecino país fue Neil McCubbin, un ingeniero británico residente en Canadá, especializado en la industria celulósica y del papel.

McCubbin sostuvo ante el tribunal de la ONU que la fábrica de la empresa finlandesa instalada en la ribera oriental del río Uruguay "funciona con procesos modernos" que se encuentran en sintonía con las exigencias de la Unión Europea, que fueron sometidos a informes técnicos independientes.

Según el especialista, "Argentina no ha presentado prueba alguna que rete esta conclusión".

A raíz de esa "moderna" tecnología que, afirmó, utiliza Botnia, la planta elimina hacia el río "un tercio del nivel" de sustancias que argumentaron los expertos presentados por Argentina y, en consecuencia, dijo, se encuentra conforme a los estándares internacionales.

Asimismo, resaltó que la tecnología utilizada por la fábrica es la que demanda menor cantidad de energía, agua y árboles para la elaboración de pasta de celulosa y negó que la elaboración de esa materia prima mediante un sistema totalmente libre de cloro sea más eficaz.

En tanto, Stephen McCaffrey, abogado especialista en derecho internacional de la Universidad del Pacífico, California, aseguró que Montevideo cumplió con lo establecido por el Tratado del Río Uruguay, firmado con Argentina en 1975, y respetó la disposición establecida allí sobre "desarrollo sostenido" de las actividades de la zona.

Según el abogado, Uruguay "siguió un proceso de evaluación riguroso y completamente consistente con el Estatuto de 1975" y realizó un análisis "meticuloso" de los estudios de impacto ambiental realizados.

Uruguay dispondrá de las jornadas de mañana y el jueves para esta etapa de alegatos y la semana próxima ambos países contarán con dos días para cerrar sus exposiciones, en la etapa final de audiencias del juicio iniciado en 2006 por Argentina, por la supuesta violación por parte del país vecino del Tratado que administra el río fronterizo.

El tribunal de la ONU emitiría un fallo el año próximo