Más de tres meses después de los incidentes, los acusados fueron condenados por homicidio por un tribunal de Urumqi, capital de Xinjiang, cuyas calles eran patrulladas por la policía y el ejército para impedir que se repitieran los enfrentamientos de julio.

Un séptimo acusado, también juzgado por homicidio, fue condenado a cadena perpetua por haberse declarado culpable y haber ayudado a la policía a detener a un cómplice, agregó la agencia oficial china.

Los nombres de los siete condenados -Abdukerim Abduwayit, Gheni Yusup, Abdulá Mettohti, Adil Rozi, Nureli Wuxiu"er, Alim Metyusup y Tayirejan Abulimit- son de consonancia uigur, la etnia turcohablante, predominante en la musulmana Xinjiang, una región autónoma del noroeste de China.

El portavoz del Congreso Mundial Uigur, que representa a la disidencia en el exilio, Dilxat Raxit, denunció por su parte un "juicio político". "Los juicios de uigures no se desarrollan según las reglas jurídicas normales, sino en función de necesidades políticas", dijo Raxit. "Se trata de un típico caso de violación de derechos humanos" en la medida en que "los acusados no pudieron designar ellos mismos a sus abogados", agregó.

Aunque la sentencia ya dio la vuelta al mundo, el tribunal de Urumqi se negó a confirmar las primeras condenas. El juicio de los siete acusados, implicados en tres casos distintos, había comenzado el lunes pasado.

Los incidentes en Urumqui habían estallado el 5 de julio pasado después de una manifestación pacífica que pedía el esclarecimiento de la muerte de dos uigures en el sur de China, según el Congreso Mundial Uigur.

Mientras las autoridades chinas acusaron al Congreso Mundial Uigur, que dirige Rebiya Kadeer, de haber promovido los enfrentamientos, que provocaron represalias por parte de los hans, la comunidad uigur denunció la discriminación religiosa y cultural de la cual dicen ser víctimas con l aexcusa de la lucha antiterrorista.

Xinjiang cuenta con 20 millones de habitantes, pertenecientes a 47 etnias diferentes, entre ellas la de los hans, que desde los años 90 pasaron del 6 al 40 por ciento de la población.