La Sala II del tribunal desestimó el pedido de la defensa tras considerar que si Patti recupera la libertad, eludirá o entorpecerá el accionar de la justicia.

Los camaristas Guillermo Yacobucci, Luis García y Gustavo Mitchell concluyeron que en el caso del ex comisario no resultaba aplicaba la doctrina "Díaz Bessone", que permite la concesión del beneficio aún en casos con delito que prevén grave sanción penal.

Patti, también ex intendente del partido bonaerense de Escobar, ya había recibido la negativa de la Cámara Federal de San Martin, jurisdicción donde está procesado por los delitos de allanamiento ilegal, secuestro, amenazas e imposición de tormentos.

El ex subcomisario está acusado, además, por su presunta participación en el secuestro del ex diputado del Partido Justicialista Diego Muñíz Barreto, en la zona de Ramallo, y de la privación ilegal de la libertad y desaparición de los militantes de esa fuerza Gastón Gonçalvez, Carlos Souto, José Fernández y Guillermo D`Amico.

Muñiz Barreto fue secuestrado el 16 de febrero de 1977 junto con su secretario, Fernández, y ambos fueron trasladados a la Unidad Regional de Tigre y de allí a un centro clandestino de detención que funcionaba en el interior de Campo de Mayo.

El cuerpo del ex legislador fue hallado tiempo después en el interior de un Fiat 128, en un arroyo cercano a localidad de Raíces Oeste, departamento de Villaguay, en Entre Ríos.

En esta causa también están procesados el ex dictador Reynaldo Bignone, y los represores Santiago Riveros, Eduardo Espósito y Juan Fernando Meneghini, este último ex comisario de Escobar y entonces superior de Patti, cuando se desempeñaba como oficial de la Policía Bonaerense en la comisaría de Escobar.

Patti, que había resultado electo en los comicios de 2005, fue detenido en diciembre de 2007 por orden del entonces juez federal Alberto Suares Araujo, y perdió sus fueros parlamentarios en abril de 2008 luego de que la Cámara de Diputados se los quitara por falta de "idoneidad moral".

Actualmente Patti se encuentra alojado en el penal de Marcos Paz, donde, si la Corte Suprema no modifica el fallo de la Cámara de Casación, deberá aguardar el juicio oral y público.

Semanas atrás la Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte -que había resuelto que en el Congreso Nacional le tenían que tomar juramento- debe analizar el desafuero de Patti.