La llamada Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo pasó el trámite en el Senado con el mismo texto que salió del Congreso de los Diputados. Esta semana se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras lo cual entrará en vigor dentro de cuatro meses.

La nueva ley supone la despenalización del aborto, que desde 1985 estaba considerado en España un delito no castigado sólo en tres casos: riesgo para la salud física o psíquica de la madre, violación y malformación del feto.

A partir de finales de junio, cualquier mujer podrá abortar en el país en el transcurso de las 14 primeras semanas de embarazo sin tener que alegar motivo alguno. En casos excepcionales, ese plazo queda extendido hasta las 22 semanas.

En 2008, el número de mujeres que abortaron en España fue de 115.812, un 3,27 por ciento más que en 2007.

En una sesión en la Cámara Alta a la que asistió la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, impulsora de la reforma, la nueva ley quedó aprobada hoy definitivamente por 132 votos a favor, 126 en contra y una abstención.

Se pone "fin a una deuda pendiente" que la sociedad tenía con las mujeres, manifestó la senadora socialista y "número tres" del partido de José Luis Rodríguez Zapatero, Leire Pajín.

La mayoría del Senado rechazó los tres vetos al proyecto presentados por el Partido Popular (PP), Unió y Unión del Pueblo Navarro (UPN), además de 88 enmiendas parciales al texto.

Durante su tramitación en el Congreso de los Diputados se había modificado ya uno de los puntos más polémicos del proyecto: la posibilidad de que las menores de edad pudieran abortar sin conocimiento de sus padres.

Finalmente, la negociación entre socialistas y Partido Nacionalista Vasco (PNV), un partido tradicionalmente católico, estipuló que las adolescentes de 16 y 17 años tengan que informar a sus progenitores, salvo en caso de que ello pueda suponer peligro de "violencia intrafamiliar", así como "amenazas, coacciones o malos tratos".

La formación encabezada por Mariano Rajoy la considera inconstitucional y se ha situado junto a la Iglesia y otros sectores conservadores, que incluso han llevado a cabo movilizaciones en la calle contra su aprobación. El pasado mes de octubre fueron decenas de miles de personas las que marcharon por Madrid y para el próximo 7 de marzo hay convocadas otras manifestaciones contra el aborto.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) llegó incluso a asegurar que los diputados y senadores que votasen a favor estarían cometiendo un pecado y no podrían comulgar.