En un extenso artículo, el primero en la prensa local sobre el caso, Granma señaló que "pese a todos los maquillajes, se trata de un preso común que inició su actividad delictiva en 1988" y fue "procesado por los delitos de "violación de domicilio" (1993) y "lesiones menos graves", "estafa" y "lesiones y tenencia de arma blanca" en 2000.

También por "alteración del orden" y "desórdenes públicos" (2002), entre otras causas en nada vinculadas a la política", añadió el órgano del Partido Comunista, en "¿Para quién la muerte es útil?".

El diario aseguró que Zapata, cuya muerte calificó de "dolorosa y lamentable", fue condenado a tres años de cárcel, sentencia que "se amplió de forma considerable (hasta 32 años)" por "su conducta agresiva en prisión".

Según Granma, Zapata, un albañil negro de 42 años, que reclamaba con su huelga mejores condiciones carcelarias, "adoptó el perfil 'político' cuando ya su biografía penal era extensa" y "convencido" de "las ventajas materiales que entrañaba una 'militancia' amamantada por embajadas extranjeras".

"Era el candidato perfecto: un hombre 'prescindible' para los enemigos de la revolución, y fácil de convencer para que persistiera en un empeño absurdo, de imposibles demandas (televisión, cocina y teléfono personal en la celda)", subrayó.

Destacó que en la atención médica de Zapata, sepultado el jueves en su pueblo a 850 km al este de La Habana, "no se escatimaron recursos" y que su familia "fue informada de cada paso".

La muerte del preso político provocó consternación internacional y el reclamo de Estados Unidos de liberar a todos los presos políticos cubanos, unos 200 según fuentes opositoras.

El gobierno cubano niega la existencia de presos políticos, tilda a los opositores de "mercenarios" de Estados Unidos y acusa a Washington de financiar a la oposición cubana con 50 millones de dólares anuales.