"Hace un año un sector muy poderoso del país cortó rutas donde murieron personas, donde se perdieron días de trabajos, y yo no vi a ningún fiscal ni a ningún juez que haya llevado a declarar a estos señores. Eso es injusticia, compañeros", manifestó Hugo Moyano al rechazar la judicialización de las protestas gremiales.

Los manifestantes fueron procesados por "intimidación pública calificada por daños, y atentado a la autoridad calificada", luego de enfrentarse con la policía el 20 de agosto de 2008 en rechazo a la nueva Ley de Jubilaciones que había aprobado la Legislatura cordobesa.

De los trabajadores imputados, 16 pertenecen al Sindicato de Luz y Fuerza y los otros 2 al Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de Córdoba (Suoem).

"Ni la muerte ni la represión van a frenar la lucha de los trabajadores", sentenció Moyano. Y agregó que "violencia es quitarle los derechos a los trabajadores. (...) No se debe olvidar que de los 30.000 desaparecidos hay muchos compañeros del sector gremial que desaparecieron por luchar por su dignidad".

Por su parte, Hugo Yasky se manifestó en contra de las causas judiciales y justificó la protesta gremial al señalar que "se estaba defendiendo derechos de los trabajadores, se estaba manifestando en contra de un brutal ajuste" promovido por el Gobierno de la provincia.

Del encuentro participaron también el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nacion (Uejn), Julio Piumato; el del Sindicato de Peones de Taxis, Omar Viviani; el de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló y la diputada nacional del Frente para la Victoria-Córdoba, Carmen Nebreda, entre otros.