Conocida su confirmación Oyarbide ordenó de inmediato la prohibición de salida del país de José Luis Rey y Horacio, Gallardo, los dos jueces de instrucción de Posadas destituidos el martes por haber pedido escuchas ilegales a la SIDE, un paso previo a citarlos a declarar y eventualmente detenerlos.

La decisión de la sala I de la Cámara Federal porteña fue tomada por mayoría y rechazó el pedido de Montenegro de que su ex colega dejara la causa argumentando un impedimento procesal.

Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah se pronunciaron en contra del pedido de recusación, en tanto el tercero, Eduardo Freiler, votó en disidencia y a favor del desplazamiento de Oyarbide.

Montenegro había argumentado que Oyarbide no podía seguir al frente del caso dado que en una causa anterior en la que él había actuado como fiscal, había denunciado al magistrado por un caso de escuchas ilegales.

Ese antecedente, registrado en el caso del local nocturno Spartacus, configuraba a su entender un escenario expresamente prohibido por el artículo 55 del Código Procesal Penal.

De acuerdo a la norma, debe inhibirse el juez en un causa "si antes de comenzar el proceso hubiere sido acusador o denunciante de alguno de los interesados o acusado o denunciado por ellos".

En su voto mayoritario los camaristas señalaron que Montenegro no objetó en su presentación la "absoluta imparcialidad" declarada por Oyarbide, y hasta descartó expresamente una "intención vindicativa" en su contra.

"Quizás la más inobjetable demostración de estos últimos sea que el pedido de recusación no haya sido acompañado por un planteo de nulidad de los actos practicados por el juez", resaltaron Ballestero y Farah.

Ahora, y de acuerdo al cronograma ya anunciado por el juzgado federal 7 -que antes ocupaba Montenegro y ahora subroga Oyarbide-, el próximo lunes 26 deberá declarar ante el juzgado el ex ministro de educación porteño, Mariano Narodowski, y el viernes 30 lo hará Montenegro.

Ambos fueron citados como sospechosos de encubrir la red de espionaje ilegal montada por el destituído jefe de la Policía Metropolitana, Jorge "Fino" Palacios, procesado y detenido en el penal de Marcos Paz, junto al espía Ciro James, que tenía un contrato como asesor en el Ministerio de Educación porteño.

La ronda de indagatorias culminará el 5 de mayo cuando declare el propio jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, sospechado de haber sabido de antemano que una de las víctimas de las escuchas ilegales era su propio cuñado, Néstor Daniel Leonardo, lo que lo constituiría en un integrante mas de la "asociación ilícita".

Por las escuchas ilegales, denunciadas a fines de agosto del año pasado por el dirigente judío Sergio Burstein, un crítico de Palacios por la investigación del atentado a la AMIA, están detenidos y procesados además cinco policías misioneros y una funcionaria judicial, todos con confirmación de la Cámara Federal porteña.

El jury de enjuiciamiento constituído en la capital de Misiones dictó su veredicto el martes y destituyó por mayoría a los hasta entonces jueces de instrucción Rey y Gallardo, de cuyo juzgados salían las ordenes de intervención telefónica.