Durante una reunión en la residencia oficial de Los Pinos con representantes del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Felipe Calderón consideró que su gobierno "no puede ni va a permanecer indiferente cuando las políticas atentan contra los derechos humanos". La ley, firmada el viernes por la gobernadora, Jan Brewer, permite que la policía interrogue a personas sospechosas de ser inmigrantes y endurece las restricciones para contratar indocumentados en el Estado de Arizona.

"Vamos a actuar, estamos actuando y actuaremos más" contra esta ley, afirmó el presidente mexicano, al señalar que la nueva ley afecta "claramente a paisanos que por generaciones han contribuido al crecimiento" de Estados Unidos: "No sólo a los que llegan ahora, quienes están ahí sufrirán el atropello de una ley injusta", afirmó el jefe de Estado, quien señaló que la controvertida legislación "abre la puerta a la intolerancia, al odio, a la discriminación y al abuso".

La nueva ley ya generó la reacción de los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador por considerar que criminaliza a los inmigrantes indocumentados. Estos países son los que más emigrantes, documentados e indocumentados, tienen en Estados Unidos.