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La mayor reforma financiera del país desde la Gran Depresión de la década de 1930, se inició después de que los republicanos bloquearan durante tres días consecutivos una moción para proceder al estudio de la iniciativa, que fue aprobada por el Comité de la Banca del Senado en marzo.
"Espero que podamos conseguir un buen proyecto de ley, y que podamos reducir las tensiones y el estrés que existen en este cuerpo legislativo", dijo el senador demócrata Christopher Dodd, presidente del Comité y autor de la legislación. "No podemos dejar que el pueblo estadounidense permanezca vulnerable a la situación actual de nuestro sistema regulador financiero", enfatizó.
Los republicanos accedieron al debate tras lograr garantías de que podrán presentar enmiendas para modificar el texto de la legislación, contenida en unas 1.600 páginas y que será debatida durante al menos dos semanas.
La medida, apoyada por la Casa Blanca, tiene ganadores y perdedores, pero ha profundizado el debate nacional sobre el papel del Gobierno en la regulación de Wall Street y el resto de la economía.
Entre otros elementos, la iniciativa busca evitar más crisis financieras como la de 2008 y los consecuentes rescates bancarios, y así regular el mercado de derivados, cuyo valor asciende a unos 450 billones de dólares.
También, amplía las protecciones para los consumidores de bienes y servicios financieros, mediante una oficina que operaría dentro de la Reserva Federal.
Además, establece un consejo de nueve miembros, encabezado por el secretario del Tesoro, para detectar y frenar futuras crisis; aumenta la supervisión del sector bancario y amplía la autoridad de los accionistas en asuntos como el salario o la elección de ejecutivos de alto rango.
En general, los republicanos se quejan de que la propuesta demócrata contiene elementos que amplían la intrusión del Gobierno en los asuntos del ciudadano de a pie. Por ello, quieren garantías de que la medida no dejará la puerta abierta a más rescates bancarios y buscan modificar la cláusula relacionada con la agencia de protección a los consumidores.
El senador republicano, Richard Shelby, dijo que ofrecerá "muchas enmiendas" para asegurar que la ley ponga "fin a los rescates, proteja a los consumidores sin perjudicar a los pequeños bancos comunitarios, y lleve transparencia al mundo de los derivados".
Los senadores demócratas, Ted Kaufman y Sherrod Brown, por ejemplo, promueven una enmienda que impone límites "sensibles" al tamaño de los bancos. Otro punto de discordia es la regulación de los préstamos para la compra de vehículos, y algunos senadores quieren crear exenciones para ese sector.
Los demócratas desistieron de crear un fondo privado de 50.000 millones de dólares para financiar el desmantelamiento o "liquidación ordenada" de grandes entidades financieras cuyas dificultades puedan arrastrar al resto de la economía.
Los demócratas necesitarín al menos 60 votos para que los 41 republicanos en la Cámara Alta -de un total de 100 escaños- no puedan prolongar indefinidamente el debate y así entorpecer la votación final de la medida.
La iniciativa que salga del Senado tendrá que ser armonizada con la que aprobó en diciembre pasado la Cámara de Representantes, y ese texto tendría que ser aprobado en ambas cámaras del Congreso para convertirse en ley. El complejo proceso de negociación bicameral haría que la votación final del texto ocurra previsiblemente a finales de mayo.
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