La presentación judicial fue formalizada por el fiscal de Estado subrogante, Edgardo Aguirre Hayes, quien también reclamó la recusación del resto de los integrantes del máximo órgano judicial de la provincia para permitir que un tribunal ad hoc tome intervención en la causa.

El pedido de destitución de Toledo se produjo en medio del enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Judicial, luego de que el oficialismo cuestionara el supuesto "sesgo partidario" de algunos jueces, mientras la oposición interpretó la medida como un plan para "disciplinar" a los magistrados.

El fiscal de Estado aseguró que "el objetivo es reestablecer los preceptos constitucionales", y acotó que la resolución del pedido de remoción de Toledo, designado como presidente del Superior Tribunal el 23 de octubre de 2006, durante el gobierno del radical Roy Nikisch, "no debería llevar más de tres meses por el cuestionamiento de fondo que se hace y la gravedad institucional del conflicto".

Aguirre Hayes adelantó que la semana próxima se harán presentaciones similares respecto de las designaciones de otros dos ministros del máximo órgano de justicia provincial, los jueces Ramón Avalos y Ricardo Franco, ambos designados durante el gobierno del radical Angel Rozas.

Aguirre Hayes indicó que "la Constitución provincial prevé para la designación de todos los jueces el proceso de concurso de antecedentes y de oposición como método de selección, cuestión que la Ley Saife (norma por la cual los ministros podían ser designados sin concurso) no prevé, y de ahí su inconstitucionalidad".

El fiscal formalizó la presentación luego de que el gobernador Jorge Capitanich reiterara su intención de dar "cumplimiento a lo estipulado por la Constitución provincial", tras un encuentro mantenido la semana pasada con los miembros del Superior Tribunal.

Además, el fiscal insistió en que "se tendrá que integrar un tribunal ad hoc", conformado por abogados del foro local, "porque legalmente se tienen que inhibir todos los jueces" que integran el Poder Judicial de la provincia.

El enfrentamiento entre el gobernador y el Supremo Tribunal se agudizó luego de que los jueces Toledo, Avalos y Franco publicaron un comunicado afirmando que sus designaciones "tienen perfecto encuadramiento en la Constitución provincial, las leyes y procedimientos reglamentarios vigentes".