El vocero del Departamento de Estado estadounidense para Latinoamérica, Charles Luoma-Overstreet, indicó que el gobierno del presidente Barack Obama "está pendiente de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se pronuncie sobre el dictamen de la Corte Constitucional de Colombia para evaluar los próximos pasos".

En tanto, reiteró que el acuerdo de cooperación militar suspendido por la Corte colombiana "busca asegurar una asistencia bilateral efectiva con el fin de responder a las preocupaciones de seguridad tales como el tráfico ilícito de drogas, grupos armados ilegales y el terrorismo".

El Alto Tribunal de Colombia decidió ayer dejar sin vigencia el acuerdo de cooperación militar hasta que la iniciativa cumpla los trámites propios de un tratado internacional, es decir, sea aprobado por el Congreso de Colombia.

Por su parte, otro de los funcionario del Departamento de Estado, Philip Crowley, indicó que la relación militar con Colombia "es muy importante". "Consultaremos al Gobierno de Colombia. Entendemos los aspectos que implican este asunto legal y esperamos que el gobierno de Santos tome las medidas apropiadas para garantizar nuestra relación bilateral", afirmó.

La Corte Constitucional decidió, sin cuestionar el contenido del convenio, remitirlo "al presidente de la República para que imparta el trámite constitucional propio de los tratados internacionales". Si el Ejecutivo decide enviar la iniciativa al Congreso y es aprobado, el documento volverá a la Corte para que ejerza nuevamente los controles constitucionales, y si procede, hacer un estudio de fondo del tratado.

La Corte explicó que las relaciones de ayuda, "asistencia y cooperación entre Colombia y Estados Unidos podrán regirse por los tratados" firmados con anterioridad al 30 de octubre de 2009, fecha en la que se firmó el convenio militar. Lo que procede ahora es que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos lo presente ante el Congreso.

Cuando se conoció el tratado, los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua criticaron la iniciativa por considerarla una amenaza "contra la soberanía y la estabilidad de la región".