Mié 18.08.2010

00:08  › A UNA SEMANA DEL DERRUMBE FATAL

Ahora el gobierno porteño propone modificar la normativa de obras en construcción

El ministro de Desarrollo Urbano de la ciudad, Daniel Chaín, abrió la convocatoria a las facultades de Ingeniería y Arquitectura de las universidades de Buenos Aires, Tecnológica Nacional y privadas, consejos profesionales, la Unión Obrera de la Construcción y Defensoría del Pueblo para que aporten sus consejos acerca de "qué puede ser mejorado" en el código que rige las obras en construcción, cuando recién se cumplió una semana del derrumbe del gimnasio en Villa Urquiza en el que murieron tres personas y otras 11 resultaron heridas.

"No quiere decir que terminamos el duelo, pero ya comenzamos a ver qué es lo que puede ser mejorado", apuntó Chaín en una conferencia de prensa en la que, sostuvo que "parece que habrá que normar lo que ya era esperable, y se verificará a partir de las inspecciones".

Además, atribuyó a "una mala praxis" el derrumbe en el que murieron tres personas y adelantó: "Vamos a ser duros a través de sanciones y si un profesional no previene, va a ser inculpado".

El funcionario precisó que en la actualidad se desarrollan 3.800 obras en la Ciudad, y que el gobierno cuenta con unos 200 inspectores.

En tanto, consideró que las casas de estudio "forman a los profesionales, la sociedad entrega su confianza a un matriculado", y hay que perfeccionar esa responsabilidad, enfatizó el ministro.

Chaín anunció "muestreos de inspección" al azar en cualquier obra en construcción y para concluir detacó que "más de 30 profesionales intervienen en la discusión, que seguirá en el ámbito legislativo".

En cuanto a las modificaciones que prevén realizar a las normativa de obras, Chaín mencionó que "el perito verificador esté presente en la etapa de excavación, que hecha correctamente puede durar un mes, y que el responsable de obra se encuentre durante las etapas de riesgo, como el llenado de loza".

En tanto, vecinos de la Protocomuna Caballito y Salvemos Villa Urquiza reclamaron frente a la Legislatura "nacionalizar" las sanciones a los matriculados, para que quien cause un estrago en Capital Federal, no pueda ir a trabajar a una provincia.

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