13:48 › AJUSTE FATAL
Con los votos positivos del oficialismo y la abstención del Partido Nacionalista Vasco, el Parlamento español avanzó con una polémica reforma laboral, resistida por la mayoría de los sindicatos, que convocaron a una huelga general el 29 de septiembre. Entre otros, la norma reduce de 45 a 33 días por año trabajados la indemnización a los despedidos, establece un mayor control a los desempleados para que busquen trabajo y facilita el despido por ausentismo laboral.
Además, aquellas empresas que entren en pérdidas, o prevean que lo harán, podrán reducir la plantilla pagando sólo 20 días de indemnización por año trabajado.
El Congreso además aprobó la prórroga por seis meses de la ayuda de 426 euros que reciben aquellas personas sin trabajo que ya agotaron la prestación por desempleo o el subsidio que concede el Estado.
Esta prórroga beneficia a los menores de 30 años, a los mayores de 45 con cargas familiares y a los desempleados de larga duración.
El gobierno espera que con estas medidas el mercado laboral sea más flexible y las empresas opten más por los contratos fijos, frente a la gran cantidad de contratos temporales existentes ahora.
En tanto, e irónicamente, el Ejecutivo pretende de esta forma reducir la enorme tasa de desempleo, que asciende actualmente al 20,09 por ciento -4,65 millones de personas sin trabajo-, según las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el pleno del Congreso, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, definió la reforma como "beneficiosa", "equilibrada" y "ambiciosa", ya que a su criterio, la norma elimina incertidumbres en el nuevo marco jurídico y "da mayor seguridad a empresarios y trabajadores".
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