"Cualquier mañana de estas cualquier tribunal se levanta diciendo 'saquen a éste y pongan a otro, porque a mí se me ocurre'", se quejó Espinosa, quien esta semana denunció al alto tribunal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en disconformidad con la sentencia de los supremos.

La diputada Graciela Camaño, quien preside la comisión en la que se analizan los proyectos de intervención, tomó distancia de las alternativas impulsadas por distintos sectores de la oposición, como el radicalismo, el Peronismo Federal y el GEN, y aclaró que "muchos legisladores no queremos conmocionar la provincia con una intervención a los tres poderes públicos", a la vez que pidió "llegar a un acuerdo". Y prometió que se buscará "una solución" para que se respete la orden de la Corte de reponer a Sosa. "Alguna respuesta tenemos que dar. No podemos dejar la imagen de que el poder político más importante que tiene el país puede hacer lo que quiere con las órdenes del máximo tribunal de Justicia", agregó la diputada.

Camaño recalcó que no se dejará de estudiar ningún tipo de solución que permita realizar un aporte "para que no tengamos un caso de desobediencia y no tengamos una disposición de la Corte Suprema que no sea cumplimentada". Y agregó que cuando la desobediencia "proviene del Poder Ejecutivo, comenzamos a tener problemas".

Espinosa, por su lado, insistió con el argumento de que la decisión de la Corte "es contradictoria y cualquier sentencia de cumplimiento imposible puede ser revisada". En declaraciones a radio El Mundo, el actual fiscal dijo haber basado su denuncia en que la Corte, a partir de los fallos en los que obliga al Ejecutivo santacruceño a reponer a Sosa en su cargo, "viola el derecho de defensa". Subrayó que "sin haber sido parte ni haber sido notificado nunca del juicio (que inició Sosa tras su destitución) ordena de un plumazo mi remoción".

Por su parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) volvió a pedirle al gobierno de Santa Cruz que reponga en su cargo al ex procurador y advirtió que el fallo de la Corte que ordenó esa medida no afecta la división de poderes.