La sublevación de unos dos mil policías ecuatorianos y algunos efectivos militares provocaron el caos en Ecuador, donde el presidente Rafael Correa, se declaró "secuestrado" por los insurrectos en el Hospital Policial de Quito, y los instó a deponer su actitud para poder negociar. A las 20,30 (22,30 de Argentina) Correa seguía dentro del hospital, donde estuvo "secuestrado" por los sublevados, según sus propias palabras, y se esperaba que de un momento a otro saliera para dirigirse al Palacio Carondelet, donde lo aguarda una multitud.

Los policías se amotinaron desde la mañana en el Regimiento de Quito, el principal cuartel del país, en protesta por la Ley de Servicio Cívico, sancionada ayer, por la que se modifican algunos beneficios salariales de esa y otras fuerzas armadas. La actitud policial se expandió a otras dependencias del país, y generó igual reacción en algunos miembros de tropas regulares, entre ellos de la Fuerza Aérea, que en principio tomaron la pista del aeropuerto de Quito.

El amotinamiento provocó que los bancos y comercios cerraran sus puertas ante eventuales saqueos, mientras se suspendieron los vuelos locales e internacionales y las clases en las escuelas. El Poder Ejecutivo declaró el estado de sitio en todo el territorio por el término de una semana, y delegó el control de la seguridad en las Fuerzas Armadas.

Poco después de ser informado del motín, Correa acudió al Regimiento Quito para intentar dialogar con los sediciosos pero fue agredido por los policías con gases lacrimógenos, según relató el propio mandatario, desde el hospital policial, hacia donde fue trasladado luego del ataque.

Antes, desde una ventana del Regimiento, Correa se quitó la corbata y se abrió la camisa para mostrar que no llevaba protección antibalas, y dijo que no dará marcha atrás en la Ley de Servicio Público. Ya desde el hospital, el mandatario declaró a Radio Nacional que la actitud de la policía "va más allá de un simple reclamo", y atribuyó la rebelión a "un intento de golpe de Estado de la oposición", producto de "una conspiración que se viene preparando desde hace tiempo".

Lo mismo declaró por la noche, cuando seguía en el hospital, ya que un cerco de policías sublevados impedía su salida, por lo que el mandatario se consideró "secuestrado". Correa informó entonces que recibió por la tarde a tres comisiones de los policías insurrectos, a las que les manifestó que "no negociará absolutamente nada" mientras no depongan su actitud. El mandatario aclaró que de los 42 mil efectivos que tiene la Policía Nacional sólo unos dos mil están involucrados en la sublevación, actitud que calificó como "desquiciada, irracional y absurda". Acusó a "la prensa corrupta" de distorsionar la información acerca de la Ley de Servicio Civil aprobada ayer y atribuyó a esas distorsiones la reacción de un grupo de policías, a los que consideró mal informados acerca de la norma.

El apoyo a Correa y a mantener la continuidad del estado de derecho se manifestó de inmediato tanto por parte de la ciudadanía, que se congregó en las inmediaciones del hospital, como del resto de las instituciones democráticas y de la comunidad internacional. Los manifestantes, que intentaban llegar hasta el lugar donde estaba Correa, fueron atacados por los policías sublevados con gases lacrimógenos, enfrentamiento que causó al menos un muerto y un número indeterminado de heridos, según informó en conferencia de prensa el ministro de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Miguel Carvajal.

La cúpula militar, a través de un comunicado, leído por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ernesto González, emitieron a poco de iniciado el motín policial un comunicado en el que manifestaron su "respeto al estado de derecho" y llamaron a la policía nacional a deponer su actitud de insubordinación. La misma actitud adoptaron casi de inmediato la Corte Nacional de Justicia, Asamblea Nacional, Consejo de Participación Ciudadana, Tribunal Contencioso Electoral, Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, principales instituciones democráticas de Ecuador, manifestaron su apoyo al presidente y llamaron a los policías insubordinados a "deponer actitudes" a través del diálogo por los "canales democráticos".

La crisis motivó una convocatoria urgente a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en una resolución condenó el intento de golpe de Estado y manifestó su preocupación por la insubordinación policial. La Unión Suramericana de Naciones (Unasur) también convocó a una reunión de presidentes de los países del bloque en Buenos Aires, hacia donde esta noche viajaban los mandatarios para celebrar mañana el encuentro. La solidaridad llegó vía comunicados, declaraciones de voceros oficiales y llamados telefónicos a Correa, desde todos los países de América latina, la Unión Europea, Estados Unidos y las Naciones Unidas.

El vicecanciller ecuatoriano, Kintto Lucas, destacó la preocupación mundial por la crisis y aseguró que su gobierno acudirá a todas las instancias internacionales para evitar que se consume un golpe de Estado. Lucas señaló que han recibido el pronunciamiento "de todos los presidentes de América latina prácticamente", así como de naciones europeas y de grupos como la OEA y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en respaldo a la democracia.

En declaraciones a Radio Nacional, realizadas desde el hospital, Correa sugirió que detrás de la sublevación hay opositores, y se consideró "traicionado" por esos policías, "que no son todos los de la fuerza". "Es un intento de golpe de Estado de la oposición y son ciertos grupos enquistados en Fuerzas Armadas y la Policía que siempre estuvieron, básicamente grupos de la Sociedad Patriótica (el partido de Lucio Gutiérrez)", acusó Correa. "Es clarísimo de dónde viene este intento desestabilizador", añadió el mandatario.