El nuevo decreto ratifica la movilización de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de Ecuador y sus autoridades, por lo que la Policía está subordinada a los militares.

Adicionalmente, el documento, firmado por el presidente Rafael Correa, señala que los militares estarán a cargo de las seguridades indispensables para que la Asamblea Nacional ejerza su papel legislativo.

"Es necesario renovar el Estado de Excepción dictado el 30 de septiembre de 2010, a fin de garantizar la seguridad de los asambleístas por medio de la intervención de las Fuerzas Armadas", señaló el documento en su parte resolutiva. En cumplimiento de esa disposición, los militares asumieron los puestos de la Escolta Legislativa en la sede de la Asamblea.