La lista de oradores anotados para este debate asciende a los 45 oradores, casi dos tercios de los miembros del Senado, por lo que la votación se realizaría en las primeras horas de mañana. El debate fue abierto por el titular de la comisión de Trabajo y Previsión Social, el radical Alfredo Martínez (Santa Cruz), quien defendió el proyecto por entender que el Congreso está avanzando "en una actitud de absoluta justicia para los jubilados". Además, Martínez consideró que -si se convierte en ley la iniciativa- los trabajadores pasivos "estarán cobrando 1500 pesos a partir de enero" y de acuerdo con sus proyecciones el costo de la aplicación de la norma implicará un "costo que oscila entre los 27 y los 32 mil millones de pesos".

Martínez argumentó a favor del proyecto porque contempla lo resuelto en los casos Badaro y Sánchez por la Corte Suprema, que fijó la movilidad de los haberes previsionales, y advirtió que "la justicia resolvió lo que la política no pudo". Resaltó que la propuesta "ata definitivamente los aumentos a los salarios de los activos y no les pone un techo" y permite que los juicios iniciados "los cobren los jubilados y no sus herederos".

Desde la vereda opuesta, el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Eric Calcagno, afirmó que el 82 por ciento móvil "no se puede pagar con los fondos de la Anses" y consideró que el proyecto "plantea un sistema jubilatorio gravoso e ineficaz". "No es una buena solución; dinamita la seguridad social y mete el déficit en el Presupuesto", opinó Calcagno, quien consideró además que "no se puede tomar a la ligera o con excesivo voluntarismo" una modificación de este tipo al sistema previsional.

Calcagno hizo un repaso de la aplicación del 82 por ciento móvil en los períodos de la historia y explicó cómo se fue desfinanciando el sistema y se produjeron situaciones de "emergencia" de la estructura previsional. "Esta ley es peligrosa porque instaura un nuevo sistema de seguridad social", advirtió Calcagno, quien pidió tener en cuenta y profundizar el debate sobre sus "efectos y financiamiento". También proyectó que el impacto fiscal en el 2011 será de "31.000 millones de pesos" y declaró que "no son convincentes" los argumentos en cuanto al impacto de la ley en la disminución de la pobreza.

A su turno, el oficialista José Mayans consideró que el proyecto "es una irresponsabilidad" y que "está basado en la mentira y en el engaño". "Si pasa Senadores, por la responsabilidad que tiene la Presidenta, lo va a vetar porque no hay forma de conseguir estos fondos", señaló Mayans.

En cambio, el opositor Luis Juez, si bien reconoció que el sistema previsional no tiene los fondos para aumentar las jubilaciones, argumentó que debe obtener los recursos necesarios para hacerlo. "Está claro que este sistema no aguanta si aprobamos el 82 por ciento móvil", sentenció Juez, aunque luego agregó que "está claro que hay que dotar a este sistema de los recursos que no tiene, y para eso hay que pelearse con alguien".