20:37 › MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
Héctor Ríos Ereñu, quien comandó la fuerza durante los primeros años del alfonsinismo, está acusado de secuestrar y asesinar en agosto de 1976 a Jorge Mario Santillán, un dirigente de la Juventud Peronista de Salta. Por el mismo hecho el titular del Juzgado Federal Nº 2, Miguel Medina, también procesó al coronel retirado Carlos Mulhall, quien ocupaba la jefatura de la Guarnición Salta, ya procesado por otras causas, entre ellas "La masacre de Las Palomitas", de julio de 1976, cuando fueron asesinados 11 presos políticos en un supuesto intento de fuga.
Ríos Erenú, que al momento del hecho se desempeñaba como jefe del Regimiento de Monte 28, de Tartagal, había logrado eludir su responsabilidad en el secuestro y desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos.
En esta ocasión, la investigación se inició a partir de una denuncia realizada por la esposa de Santillán, Irma Prado, quien relató como cinco encapuchados llegaron a su casa en General Mosconi y secuestraron a su esposo, luego de golpearlo duramente frente a sus cuatro hijos. El hombre fue introducido a auto que partió rumbo a Tartagal.
Horas después, el cuerpo del dirigente peronista que militaba en la corriente "Ragone Cámpora" fue encontrado sin vida en el paraje Acambuco, a 20 kilómetros de Mosconi. Al parecer, había sido dinamitado por una carga explosiva de gelamón, el mismo explosivo que días antes había sido utilizado para eliminar a sus compañeros Pedro Urueña y Menena Montilla.
En su declaración indagatoria, Ríos Ereñú, negó haber ordenado la eliminación de Santillán y aseguró que recién en 2006, cuando fue citado por esta causa, se enteró de lo sucedido con aquel dirigente.
Un testigo clave en la causa, Jesús Domínguez, desbarató la declaración de Ríos Ereñú al declarar que vio cuando Santillán fue conducido al Regimiento 28 en un auto y que luego ese mismo vehículo abandonó las instalaciones del Ejército. Lo que se sospecha es que los secuestradores recibieron allí la orden de eliminarlo.
Ríos Ereñú relativizó que en los pueblos del norte provincial se detectara "actividad subversiva" y, por lo tanto, negó que hubiera sido designado como jefe del subárea 322-1, nominación asignada en el mapa que el Gobierno militar había diseñado para combatir la guerrilla.
Sin embargo, el juez Medina dio por probado que Ríos Ereñú había ocupado ese cargo y que jamás podía ser ajeno al secuestro y eliminación de Santillán, sobre quien también dio por confirmado que militaba políticamente en el ala progresista del Partido Justicialista.
"Surge claro en el accionar evidenciado por distintos grupos de tareas que buscaban erradicar a personas con ideología socialista o marxista, lo que en el caso especial de Santillán se ha plasmado con el brutal episodio de su muerte", remarcó el juez Medina.
El magistrado advirtió que el propósito de las fuerzas de tareas no sólo apuntaba a la eliminación física de los que consideraban subversivos, sino que su accionar buscaba sembrar "el terror" a través de estos mensajes.
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