La decisión la tomó en su reunión plenaria el Consejo al calificar la situación de la justicia de la provincia como de "gravedad institucional" a raíz de las trabas que tiene para avanzar en la investigación sobre el desempeño de sus magistrados.

El Consejo también le solicitará a la Corte que cubra las dos vacantes que hay en una de las salas de la Cámara Federal de Mendoza, luego de suspender al camarista federal Luís Miret y enviarlo a juicio político por haber apañado la tortura y violación de presos en aquel período, y comenzar a investigar la actitud de su colega Otilio Roque Romano por igual motivo.

El organismo colegiado que designa las ternas para jueces y supervisa su desempeño resolvió pedir la reunión con el máximo tribunal del país luego de que el conjuez provincial Carlos Parellada, designado por la Cámara que integra Romano, dictó una medida cautelar que suspendió el proceso en el Consejo de la Magistratura.

Romano también consiguió apartar al juez federal Walter Bento de una pesquisa en su contra por haber omitido denunciar e investigar episodios de torturas a detenidos políticos con anterioridad y a posteriori del golpe militar de marzo de 1976.

Hace algunas semanas el Consejo ya había iniciado el trámite para un jury de enjuiciamiento de Miret, quien intentó renunciar y acogerse a la jubilación pero al Poder Ejecutivo no le dio curso y habilitó la eventual destitución.

Al ex camarista se le imputa haber permitido que la policía torturara y violara a una menor de edad detenida en 1976 cuando el era el juez interviniente en la causa, en tanto su colega Romano denunció "persecución" de los organismos de derechos humanos que lo denunciaron ya que en ese entonces era secretario de aquel juzgado.

El procurador general de la Nación, Esteban Righi, coincidió hoy en aludir a los "los obstáculos que encuentra la justicia" en Mendoza para hacer avanzar las causas por crímenes de lesa humanidad y aludió puntualmente al caso de Romano durante una exposición que realizó ante el plenario del Consejo de la Magistratura.

Righi alertó sobre las demoras en cubrir vacantes en el Poder Judicial y las dificultades que encuentra el Ministerio Público Fiscal para llevar adelante su tarea en causas por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. En ese sentido, comprometió el apoyo institucional de la Procuración al fiscal Omar Palermo, principal impulsor de la investigación contra el camarista Romano y Miret.