Ante la mirada de Videla, quien decidió permanecer en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal número uno de Córdoba, fueron los querellantes María Elba Martínez y Hugo Vaca Narvaja, representantes de 14 víctimas, quienes iniciaron la nueva instancia.

Los abogados describieron primero la cadena de mandos que funcionaba en Córdoba durante 1976, utilizando como fuentes los organigramas presentados en la causa y los distintos testimonios. Remarcaron cómo poco después del golpe de Estado, tras una orden del 2 de abril del por entonces general de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, Juan Buatista Sasiain, cambiaron las condiciones de detención de los presos "especiales".

Martínez, representante en Córdoba del Servicio de Paz y Justicia, señaló que “los tormentos se incrementaron” y que hubo tormentos físicos y psicológicos, y que las víctimas se encontraban en “estado de pánico y terror permanente". Además, dijo que “la única forma que hallaron estas personas para sostener la dignidad fue la solidaridad y la necesidad de sobrevivir”.

En este juicio la causa principal es la conocida como UP1, por la Unidad Penitenciaria Nº1 (actual cárcel de San Martín), donde estaban detenidos los presos políticos. Se debaten las circunstancias en que 29 de esos presos murieron, la mayoría fusilados durante simulacros de fuga montados por la dictadura para encubrir los crímenes.

En un operativo similar, pero con sede en el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía, fueron asesinados otros tres presos. Además, en el juicio se analizan los secuestros y tormentos de cinco ex policías y el hermano de uno de ellos, aunque estos hechos no son atribuidos a Videla, aunque sí a Menéndez y otros represores.

El defensor de Luciano Benjamín Menéndez, Alejandro Cuestas Garzón informó que el imputado tiene un certificado médico por una neumopatía que impedirá su presencia en los primeros alegatos, aunque destacó que el acusado pretende estar el próximo martes, para el turno de los fiscales.