El pedido de remoción alcanza a los directores titulares Raúl Aguirre Saravia, Jorge Alberto Bazán, Daniel Fernández Muñoz, Alberto Maquieira, Guillermo González Rosas, Julio César Saguier, Jorge Carlos Rendo, y al gerente Jorge Noseda. El Estado solicitó, como medida cautelar, "la intervención judicial de la empresa mientras se sustenta el juicio de fondo".

El escrito presentado por la Procuración Nacional del Tesoro, como patrocinante de la Secretaría de Comercio Interior ante el juez Eduardo Malde, señala que el pedido se basa en "el vaciamiento de funciones del Directorio de Papel Prensa, que en los hechos ha traspasado sus funciones esenciales al Gerente General de la sociedad". Y agrega, entre sus fundamentos, "la obstaculización sistemática de la labor de control que deben cumplir los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la compañía, la única en la que el Estado tiene mayoría".

Finalmente el informe alude a "anomalías en la gestión comercial de la empresa, como la inexistencia de estudios de costos que permitan establecer si las ventas de papel realizadas a los socios Clarín y La Nación han aparejado pérdidas para la sociedad".