"Vinimos a interiorizarnos, Fernández de 24 años continúa detenido y no sabemos porqué. Vemos que hay muchos heridos y la gente está aterrorizada", advirtió desde Laguna Blanca el Defensor Adjunto del Pueblo, Juan Mínguez. El funcionario afirmó que no conocían el paradero ni la situación procesal de Félix Díaz, cacique de la comunidad y delegado del INADI en la provincia y, que según varios testigos, fue el "blanco del ataque".

Mínguez agregó que la policía "quemó los documentos de identidad, otros papeles en su poder y los ranchos que habían levantado en el lugar", escenario del violento desalojo del martes. Explicó, además, que la función del defensor del Pueblo es "contener y preservar los derechos humanos de la comunidad y también de los policías. Queremos decir que las cosas no se arreglan a los balazos sino en ámbitos de conversación".

Por otra parte, Mínguez solicitó una audiencia con el gobernador Gildo Insfrán, quien no lo recibió, por lo cual "dejamos una nota en mesa de entradas" de la casa de gobierno provincial, cuyas fuentes señalaron "que el mandatario tenía una videoconferencia y que no constaba el ingreso de la nota".

En el comunicado difundido anoche, la Defensoría del Pueblo anticipó que junto con otros organismos "evaluamos acudir a instancias internacionales para la protección de los derechos violados, en virtud de la gravísima situación provocada".

Mientras el juez de Clorinda, Gabriel Garzón, tiene previsto tomar declaración al comisario Rafael Muñiz, quien estuvo a cargo de unos 100 efectivos que participaron en el desalojo, el Consejo de Participación Indígena repudió en forma "enérgica" la represión, por lo que responsabilizó al gobierno provincial y anunció, al igual que la Defensoría, que recurrirá a instancias nacionales e internacionales para aclarar éste y otros sucedidos ocurridos en el norte del país.

Amnistía Internacional de Argentina, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), la Asociación Madres de Plaza de Mayo y el Grupo de Apoyo Jurí­dico por el Acceso a la Tierra (GAJAT) se sumaron a las manifestaciones de repudio a la represión. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, organizaciones sociales y políticas, entre ellas el Partido Obrero, Polo Obrero, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) marcharon a la Casa de Formosa con el mismo propósito.

El presidente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Luis D'Elía, por su parte, afirmó que la "masacre" a la comunidad La Primavera "debe significar el final político" del gobernador Gildo Insfrán, y reclamó la intervención de los "tres poderes institucionales" de Formosa.