16:47 › ACUSADOS POR EL CRIMEN DEL MILITANTE DEL PO
La Cámara Nacional de Casación Penal resolverá el martes 1 de febrero si excarcela o no al barrabrava Cristian Favale y al empleado ferroviario Gabriel "El Payaso" Sánchez, acusados de ser quienes efectuaron los disparos que el 20 de octubre pasado mataron a Mariano Ferreyra e hirieron a otras dos personas durante un reclamo de los trabajadores tercerizados. Los defensores reclamaron ante la Cámara la libertad de ambos, que están procesados con prisión preventiva.
Gustavo D'Elía y Sergio D'Amico, defensores de Sánchez y Favale, respectivamente, presentaron esta mañana un informe oral sobre sus pedidos de libertad ante los jueces Raúl Madueño, Mariano González Palazzo y Augusto Diez Ojeda, y destacaron que sus representados se presentaron a la Justicia y aseguraron que no obstaculizarán la investigación si salen libres. Los abogados afirmaron en una audiencia ante la sala de feria del máximo tribunal penal que el fallo de la Cámara del Crimen que rechazó los pedidos de excarcelación es "arbitrario", "tendencioso" y violatorio del "principio de inocencia".
En tanto, manifestantes del Partido Obrero manifestaron este mediodía frente a los tribunales de Comodoro Py contra las posibles excarcelaciones.
Para el jueves próximo se prevé el mismo trámite con los planteos de excarcelación del delegado de la Unión Ferroviaria (UF) Pablo Díaz, señalado como el supuesto reclutador de la patota atacante, y con el empleado de ese sector Oscar González, detenido bajo el cargo de amenaza a un equipo periodístico.
Junto a los cuatro acusados que reclaman su libertad también están detenidos los empleados ferroviarios Salvador Pipitó, señalado como quien amenazó a los periodistas, y Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez, sindicados como quienes se habrían llevado las armas del lugar.
La Cámara del Crimen porteña confirmó en diciembre pasado el procesamiento de todos los acusados por considerar que llevaron a cabo "un plan criminal" en el que cada uno cumplió un rol distinto.
Además, dispuso que queden detenidos porque en libertad podrían entorpecer la causa, ya que durante la investigación fueron amenazados testigos y la fiscal del caso, Cristina Caamaño, actual viceministra de Seguridad.
Los hechos ocurrieron el 20 de octubre pasado cuando una patota atacó a trabajadores tercerizados despedidos del ferrocarril Roca que reclamaban su reincorporación con el apoyo de militantes de partidos de izquierda.
La patota agredió a pedradas y disparos que produjeron la muerte de Ferreyra -de un tiro en el estómago- y heridas a Ariel Pinto, Nelson Aguirre y Elsa Rodríguez.
La jueza de la causa, Susana Wilma López, debe resolver si cita a indagatoria al secretario general de la UF, José Pedraza, al tercero del gremio, Juan Carlos "Gallego" Fernández, e investiga si los policías que actuaron ese día cometieron mal desempeño de su función.
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