"Hemos presentado una denuncia hoy al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido", declaró el abogado Enrique Vila. El objetivo es que las fiscalías regionales abran investigaciones sobre todos los supuestos casos de niños robados, precisó.

La denuncia, presentada por la Asociación Nacional de Afectados de Adopciones Irregulares (Anadir), habla de 261 bebés, probablemente robados durante la dictadura franquista y hasta finales de los años 80, a madres que acababan de dar a luz. "Hay muchas más familias que se sumarán a la denuncia", aseguró Vila.

"Ocurrió en todas las comunidades autónomas. Con el mismo sistema: engaño a la madre asegurándole que su bebé ha muerto, búsqueda de compradores, pago e inscripción como hijo propio", explicó Vila.

Según Anadir, numerosos niños fueron robados a sus madres, a las que se aseguraba que el niño había muerto poco después de su nacimiento para venderlo a familias que no lograban tener niños. Las identidades de los bebés fueron falsificadas y los niños "comprados" figuraban en los libros de familia como hijo biológico de la familia.

La asociación afirma que el origen de estas tramas es el de una "depuración política". Inicialmente se quitaban los hijos a las mujeres republicanas. Según Vila, ésos serían unos 30.000 casos. Pero ese robo de niños continuó después "como negocio" en el que estarían implicados religiosos y personal sanitario, indicó.

Las décadas de los 60 y 70 son las que más de estos registraron, pero las tramas habrían seguido operando con la democracia incipiente y podrían haberse extendido incluso a los años 90.

La fiscalía de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, había pedido a principios de diciembre al ministerio de Justicia ayudar a los niños robados en el franquismo a recuperar su auténtica identidad.

En una carta enviada al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, le propuso abrir una oficinal encargada de esas investigaciones. La fiscalía recordaba que las investigaciones sobre los niños robados durante el franquismo no están previstas en la llamada ley de memoria histórica, aprobada en 2007 y que buscaba rehabilitar a las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y de la dictadura de Francisco Franco.

Anadir asegura que existen indicios de tráfico de niños y falsificación de documentos públicos, de simulaciones de partos y de secuestros y detenciones ilegales, delitos todos ellos que no prescriben. Por lo que en caso de que la denuncia no prospere, los afectados acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.