"Todo ciudadano tiene la potestad de emitir opiniones discrepantes con lo actuado por la Justicia, pero a ningún ciudadano se le admitirá no acatar lo resuelto por ella", indica una nota oficial emitida hoy por el gabinete de seguridad, que este martes analizó una nota de militares retirados.

En ese documento, un grupo autodenominado Foro Libertad y Concordia denunció una situación de "hostigamiento social", al considerarse "víctimas del afán incriminatorio por parte de algunos jueces y fiscales" que investigan violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985). Los militares retirados, cuyos nombres no trascendieron, advirtieron además que harán sentir su voz, "que será muy fuerte, extremo al que no desearían llegar".

El gabinete de Seguridad, integrado por los ministros de Defensa Nacional, Luis Rosadilla; Relaciones Exteriores, Luis Almagro; el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez; el secretario de la presidencia, Alberto Breccia y el prosecretario, Diego Cánepa, además del presidente del país, José Mujica, expresó que "Uruguay goza hoy de plena salud democrática. Sus instituciones actúan en plena vigencia del Estado de Derecho y la separación de Poderes" por lo cual "el el Poder Ejecutivo respeta y garantiza la libertad de expresión".

Advierte, sin embargo, que "respaldará con sus instituciones en forma plena las resoluciones adoptadas por el Poder Judicial. Quienes no estén de acuerdo con dichas resoluciones, tienen garantizado el legítimo derecho a canalizar dicha discrepancia, por los medios y con los instrumentos que el derecho nacional e internacional prevén para ello".

En Uruguay, por disposición constitucional, está absolutamente vedado a los integrantes de las Fuerzas Armadas las actividades de carácter político, excepto el voto. "No es admisible, por lo tanto, que se intente que las Fuerzas Armadas asuman como institución la defensa de personas indagadas por diversos delitos" indica el comunicado oficial.

Este martes la Justicia civil de Uruguay comenzó nuevamente a citar a militares y policías por diversos casos reabiertos a la vez que un equipo de expertos forenses reanudó una serie de excavaciones en predios militares en el marco de la búsqueda de restos de desaparecidos que fueron víctima de la represión de la dictadura.