El abogado de Pedraza pidió su excarcelación a la jueza de instrucción Susana Wilma López, que anoche resolvió que siga detenido por el crimen del militante Mariano Ferreyra, el pasado 20 de octubre. En su escrito, el abogado Carlos Froment aseguró que "no existe peligro de fuga" ni de que Pedraza entorpezca las investigaciones, a lo que agregó que su defendido no tiene antecedente penales, y cuenta con "arraigo, con domicilio cierto y familia constituida".

Pedraza, que dirige la Unión Ferroviaria desde hace 28 años, fue detenido en la madrugada de ayer en su piso de la torre "El Faro", de Puerto Madero.

El sindicalista quedó imputado de haber tenido participación en el "emprendimiento criminal" que culminó con el asesinato de Ferreyra y con otros tres manifestantes baleados, mientras reclamaban la incorporación a planta permanente de trabajadores ferroviarios tercerizados.

En igual situación quedó su segundo en la UF, Juan Carlos "Gallego" Fernández, para quien Froment también pidió la excarcelación ordenada por la jueza luego de extensas indagatorias, tras las que los envió detenidos al penal de Ezeiza.

Pedraza y Fernández están acusados de haber participado como instigadores en la agresión cuyo objetivo era "aleccionar a los tercerizados" para que no volvieran a realizar manifestaciones mediante el corte de vias.

Ambos negaron las acusaciones en su contra, y salvo el detenido y procesado Pablo Diaz, delegado del gremio en la línea Roca que organizó la patota, dijeron desconocer a los demás acusados del crimen.

El pedido de excarcelación fue girado para su dictamen al fiscal Fernando Fiszer, aunque se estima poco probable que sea resuelto a favor dada la gravedad de los delitos que se imputan y que la investigación aun está en desarrollo.

Fiszer pidió a la jueza que cite a indagatoria de cinco jefes policiales sospechados de haber permitido, por no intervenir oportunamente, que la agresión contra Ferreyra y demás manifestantes se concretara.

También esta madrugada declaró ante la jueza López el delegado de la UF Claudio Arconcel, quien reconoció que estuvo en la marcha pero negó vinculación con el ataque, pese a lo cual quedó también detenido.

En principio, la fiscalía se negaría a conceder los beneficios, adoptando el mismo temperamento que ya se tuvo con los otros siete detenidos y procesados en la causa, según las fuentes consultadas.