Un cable enviado a Washington, en septiembre de 2009, por la embajada de Estados Unidos en Bogotá indica que la acusación fue hecha por Andrés Peñate, quien fue director del DAS y es investigado por las escuchas y seguimientos ilegales a diversas personalidades.

El diario "Le Monde" publicó otro cable de Wikileaks, hace varias semanas, en el que se indicaba que el director de la Policía colombiana, general Óscar Naranjo, le comentó al anterior embajador estadounidense en Bogotá, William Bronwfield, que consideraba a Gaviria y a quien fuera secretario general de la Presidencia durante el gobierno de Uribe (2002-2010), Bernardo Moreno, como los instigadores del espionaje.

El escrito de Brownfield indica que Naranjo y Peñate le comentaron por separado que Gaviria había "presionado" al DAS para efectuar el espionaje, que produjo un enorme escándalo en los últimos meses de la administración Uribe.

La presencia de Gaviria siempre produjo una gran polémica en el entorno del ex mandatario, no sólo por la presunta influencia que ejercía sobre Uribe, sino porque la oposición recordaba con frecuencia sus vínculos familiares con Pablo Escobar Gaviria, abatido en 1993 y que en la década de 1980 fue considerado el principal narcotraficante del mundo.

Gaviria negó las acusaciones de Peñate y Naranjo, y aseguró que se siente traicionado. "Creía tener una amistad con él (Peñate), pero creo que traicionó al gobierno, traicionó al presidente Uribe y me traicionó a mí", dijo a la cadena radial RCN.

Por su parte, César Julio Valencia, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia y uno de los espiados, dijo que no le sorprenden las revelaciones de Wikileaks, aunque insistió en que las órdenes de efectuar las escuchas y seguimientos fueron hechas por una instancia incluso superior a Gaviria y los directores del DAS.

"Yo no sé quién sea, pero lo que sí puedo decir es que había alguien superior a ellos que les estaba dando indicaciones para husmear, para seguirnos", dijo Valencia.

La Fiscalía General investiga a Peñate y a los también ex directores del DAS Jorge Noguera, Joaquín Polo y María del Pilar Hurtado por el espionaje, que salió a la luz a comienzos de 2009.

Hurtado se asiló a finales del año pasado en Panamá, mientras que Noguera también está comprometido en otro caso por vínculos con grupos paramilitares de ultraderecha.

Varios ex funcionarios del DAS de menor rango han sido condenados tras confesar que espiaron a magistrados de la Corte Suprema, dirigentes opositores, periodistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Un ex funcionario del DAS, William Romero, afirmó en diciembre pasado que Uribe sí estaba enterado de los seguimientos e interceptaciones telefónicas. Romero, que fue subdirector de fuentes humanas del DAS, dijo en una entrevista que en julio de 2008 fue citado por la dirección del organismo, entonces a cargo de Hurtado, quien le comentó algo revelador sobre el conocimiento de los hechos por parte de Uribe.

"(Hurtado) en su despacho me comenta, palabras textuales: 'Acabo de llegar de palacio (de gobierno) y vengo contenta porque el señor presidente quedó satisfecho con la información que él conoció de la Corte Suprema de Justicia. Extiéndame esa felicitación mía a todo su equipo'", dijo Romero a la estación de radio La Fm.

La Procuraduría General sancionó en un proceso disciplinario con la destitución a posteriori e inhabilidad por 18 años para ejercer cargos públicos a Hurtado y a Moreno, a quienes encontró responsables de espionaje.

Uribe, que asegura que no estaba enterado del espionaje, es investigado por este caso por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

En este contexto, la oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos hizo un llamado el jueves a realizar reformas urgentes en las agencias de inteligencia de Colombia, pues persisten las escuchas y los seguimientos ilegales, así como la impunidad de esas conductas.

"Las reformas son urgentes, no sólo para el DAS sino para todas las oficinas de inteligencia", dijo Christian Salazar, representante de la oficina de la ONU en Colombia, al presentar el informe sobre derechos humanos de 2010.

A lo largo de 2010, la ONU en Colombia "continuó recibiendo informaciones sobre interceptaciones de correos electrónicos, seguimientos, hostigamientos y amenazas, robos de información, alteración de páginas web e ingresos ilegales a oficinas y domicilios de distintas organizaciones de la sociedad civil", según el informe.