El estado de emergencia en Siria fue impuesto el 8 de marzo de 1963, cuando el partido nacionalista árabe Baaz llegó al poder mediante un golpe de Estado.

La medida restringió drásticamente la mayoría de los derechos civiles y permitió a las autoridades realizar detenciones arbitrarias y celebrar juicios políticos ante tribunales de la Seguridad del Estado que no daban a los acusados la oportunidad de recurrir las condenas y sólo les permitía recibir una asistencia jurídica muy limitada.

Mientras, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informó que 17 activistas fueron puestos en libertad después de que hubieran sido arrestados por haber realizado una protesta frente al Ministerio del Interior en Damasco el 16 de marzo. El sábado fueron excarcelados más de 200 presos políticos, de acuerdo con grupos defensores de los derechos humanos. Sin embargo, la medida no logró el objetivo de apaciguar las protestas en demanda de la renuncia del presidente Al Assad.

El régimen desplegó hoy tropas en la ciudad portuaria de Latakia, a orillas del Mediterráneo, después de que se extendieran las violentas protestas en el sur y el oeste del país, durante las cuales fueron incendiadas varias oficinas del partido Baaz y se registraran disparos mortales efectuados por francotiradores.