La ministra reconoció que "se registró en el país un aumento del delito y violencia”, pero adujo que no solamente creció la delincuencia común sino también subieron las operaciones como el tráfico y comercialización de drogas ilegales. Y estas problemáticas, obligaron y siguen exigiéndonos resignificar las políticas de Estado en materia de seguridad".

"Soy consciente de la necesidad de abastecer el sistema de respuestas preventivas", dijo Garré durante su discurso de apertura, en el que además convocó a “mejorar la conectividad entre nuestras fuerzas policiales para aumentar el intercambio de información con fines estadísticos y de análisis criminal”.

El objetivo de estas políticas es que “permitan (al Estado) elaborar mapas del delito de cada una de las jurisdicciones y establecer parámetros comparables” para que se pueda “mejorar la situación de seguridad".

Asimismo, resaltó la necesidad de "diseñar políticas de seguridad públicas democráticas mediante la construcción de consensos”. En su criterio, el escenario actual es “consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales que produjeron una muy importante destrucción del aparato productivo con su inevitable secuela de exclusión social, que dejó a millones de compatriotas sumidos en el más absoluto desamparo".

Por otra parte, la funcionaria destacó que es “imperioso” admitir que “el conocimiento y la capacidad de fiscalización de los vecinos y vecinas organizadas son irreemplazables”. No obstante, aclaró que con esta postura “no se trata de delegar responsabilidades del Estado en el pueblo, sino ser co-responsables (Estado-comunidad) de la construcción de seguridad pública, asumiendo cada uno la tarea que le es propia".