El Ministerio Público Federal reveló que papeles "confidenciales" fueron incautados en el domicilio de Curió, quien hace dos años confesó que decenas de guerrilleros fueron ejecutados y sus cuerpos hechos desaparecer tras ser apresados con vida durante la dictadura.

La información fue publicada por el diario O Globo y citada por la agencia Ansa al cumplirse 47 años del golpe que implantó el régimen militar. "La búsqueda y aprehensión de documentos son un intento de localizar documentos que permitan localizar los cuerpos de los militantes políticos de la Guerrilla de Araguaia", en la región amazónica, desparecidos entre 1972 y 1975, dijo la fiscal Luciana Lourerio.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo condenatorio contra el Estado brasileño en 2010, por no haber investigado y condenado a los responsables de la represión en la región de Araguaia.

La detención de Curió se produjo por portación ilegal de armas durante una requisa en su casa de Brasilia, donde policías federales y oficiales de justicia se llevaron los documentos secretos del régimen que tenía en su residencia el represor. Los agentes de la policía federal y la fiscalía brasileña también confiscaron armas sin declarar en la residencia.

En Brasil rige la ley de amnistía dictada por el dictador Joao Baptista Figueiredo en 1979 que impide procesar a militares por violaciones a los derechos humanos, norma ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal. La presidenta Dilma Rousseff, que combatió a la dictadura y fue detenida y torturada, impulsa la creación en el Congreso de una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes del gobierno de facto.