Una versión más breve del cuestionario de 75 preguntas que la Corte envió al ente de control fue remitido al Defensor del Pueblo de la Nación y a la Auditoría General de la Nación (AGN). El tribunal superior analizará esos informes sobre “núcleos temáticos” y realizará una inspección judicial “terrestre y aérea” en la zona de la cuenca hídrica, previa a la realización de la audiencia que, para reanudar la del 16 de marzo último, fijó para el próximo 1 de junio.

La Corte recordó que corresponde a la ACUMAR “concentrar en su representación la información concerniente al genuino y preciso grado de avance respecto de cada uno de los diversos mandatos de ejecución obligatoria fijados en el fallo definitivo (del tribunal) del 8 de junio de 2008”.

A la ACUMAR se le pidieron detalles sobre la “información pública” de tareas efectuadas para la ejecución de la sentencia de junio de 2008, mediciones de calidad de aire y agua, contaminación y reconversión industrial, limpieza de márgenes, expansión de la red de agua potable, desagües pluviales, saneamiento cloacal, situación de los basurales y financiamiento y presupuesto, entre otros.

A la Defensoría del Pueblo de la Nación se le preguntó acerca de las restricciones que tuvo en materia de acceso a la información pública sobre tres aspectos concretos: “mejoramiento de calidad de vida”, “recomposición del medio ambiente” y prevención del daño”.

Por último, la Corte le pidió a la AGN que “desarrolle los puntos de mayor relevancia que sostiene su conclusión acerca de que hubo una subejecución del programa”, que indique a qué lo atribuye y que aclare por qué en la última audiencia dijo haber auditado solo el 9 por ciento de las asignaciones presupuestarias totales del Programa Integral de Saneamiento Ambiental.

La resolución fue dictada en la “Causa Mendoza”, como se denomina a la demanda promovida por vecinos de la cuenca contra el Estado Nacional y casi medio centenar de empresas por los daños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental de la cuenca hídrica.