El imputado es Edgardo Aroldo Otero, cuyos bienes fueron embargados hasta la suma 100 mil pesos por la jueza federal María Servini de Cubría. "A esta altura de los acontecimientos se encuentra debidamente acreditada la existencia de un plan sistemático llevado a cabo en el mencionado centro clandestino de detención (ESMA)", sostuvo la Sala II de la Cámara.

El tribunal agregó que allí "se perpetraron sustracciones de menores acaecidas en un marco fáctico de privación ilegal de la libertad de sus padres, donde fueron sometidos a torturas y tratos degradantes, permaneciendo hasta la fecha como `detenidos desaparecidos`, todo ello bajo el amparo de la utilización del aparato del poder estatal".

En la ESMA "funcionó una maternidad ilegal donde dieron a luz numerosas mujeres que se encontraban privadas de su libertad" y, para ello "en el tercer piso -lugar en que funcionaba el Casino de Oficiales- se acondicionó una habitación para atender los partos, que contaba con todos los elementos necesarios y personal médico", se agregó.

Mientras en los tribunales de Retiro se realiza un juicio oral y público para determinar si hubo un "plan sistemático", la Sala II afirmó que "han existido órdenes secretas impartidas por los ex comandantes de las Fuerzas Armadas para que se sustrajera violentamente a los menores para que fueran entregados a matrimonios vinculados con las fuerzas de seguridad".

Para los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, Otero, como ex jefe de la ESMA, "formó parte de ese plan integral y coadyuvó en el cumplimiento de tales órdenes" ya que "no podía desconocer lo que ocurría en esa dependencia naval directamente bajo su mando".

Los camaristas acotaron que Otero, como director de la ESMA desde el 28 de enero hasta el 19 de diciembre de 1980, "no ha sido ajeno" a que una niña nacida en ese lapso, hija de la detenida desaparecida Silvia Dameri, "fue fraudulentamente inscripta como Carla Silvina Valeria Azic" y luego "entregada al entonces suboficial de la Prefectura Naval Juan Antonio Azic".

Por ello, para el tribunal "carece de entidad" el argumento de la defensa relacionado con la falta de pruebas sobre la presencia de Otero en la ESMA para la fecha del parto de la detenida desaparecida.