No obstante, la Cámara consideró que esa intervención fue como instigadora y no como autora, tal y como lo había establecido el juez de instrucción y califizó de “irrazonable” el el embargo de 70 mil pesos decretado en contra de la dirigente por ese hecho.

El dictamen ratifica la medida decidida por el juez federal de Jujuy Wenceslao Cardozo, quien inició una causa contra Sala por los hechos ocurridos el 16 de octubre de 2009 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas provincial “en contra de esa institución, del senador nacional Gerardo Rubén Morales y de miembros de la Auditoría General de la Nación”, según publicó el Centro de Información Judicial.

Por otra parte, el Tribunal también confirmó lo decidido por el juez Cardozo en cuanto dispuso ampliar el procesamiento de Ramón Gustavo Salvatierra y María Graciela López como coautores de los delitos de “daño agravado” y “amenazas en concurso real”. Es que en una primera oportunidad el magistrado procesó a los mencionados como coautores del delito de “daño simple”, pero una vez que determinó la naturaleza de uso público de los bienes dañados modificó la calificación legal por la figura más grave.